Fin del Instituto de Seguridad Social en Cuba: menos cargas para el castrismo, más desamparo para los necesitados. Por Ángeles Rosas. Diario de Cuba. 

En medio de la crisis social que padece Cuba, el envejecimiento poblacional acelerado y el empobrecimiento acentuado, la extinción del Instituto Nacional de Seguridad Social y la descarga de sus funciones en las filiales provinciales y municipales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constituyen otro mazazo a la asistencia a los más vulnerables, tras los recortes ya aplicados a las ayudas y pensiones no contributivas.

La entrega de la actividad a las administraciones locales es una evidencia del desentendimiento del Estado en este asunto, y un germen para el descontrol, la ocultación de información y la reducción de presupuesto, con la consiguiente desigualdad territorial y desatención de familias más vulnerables, personas con discapacidades y desempleados.

La decisión del Consejo de Estado se hizo oficial con la publicación en marzo en la Gaceta Oficial de la República del Decreto Ley 95 aprobado en septiembre de 2024 por Esteban Lazo Hernández.

En tres breves artículos, la normativa establece "extinguir el Instituto Nacional de Seguridad Social, entidad subordinada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sus filiales provinciales y municipales".

Ahora, el mismo Ministerio que descarga en terceros sus responsabilidades "asume Ia función de controlar Ia aplicación y efectividad de la protección de Ia seguridad social y Ia dirección metodológica de los procesos relacionados con la materia".

Por último, determina que "las funciones de las filiales provinciales y municipales, se asumen por las direcciones de Trabajo y Seguridad Social pertenecientes a las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular".

En octubre de 2024, Virginia Marlene García Reyes, directora general de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, dijo se seguirá atendiendo a más de 1.700.000 beneficiarios con un presupuesto de poco más de 40 millones de pesos para el pago de pensiones. Actualmente, más del 39% de los beneficiarios reciben pensiones mínimas de 1.528 pesos (unos 4,7 dólares al cambio en el mercado informal).

En palabras de la funcionaria, Cuba enfrenta una "situación económica compleja", de cuyo agravamiento culpó al embargo. En una reiteración de la propaganda oficial, muy alejada de la realidad contada por las propias personas en situación de pobreza, García Reyes dijo que la decisión de reestructurar el sistema de Seguridad Social está enfocada en los jubilados y en mejorar las condiciones de vida de quienes han trabajado y aportado tanto al país.

Para el abogado de DIARIO DE CUBA Edel González, con la extinción del instituto acaba la jerarquía de la actividad, y su paridad con un ministerio entraña altos riesgos, como la homogeneización de la gestión de los procesos y la desventajosa repartición de presupuesto por el que compiten otras actividades similares o afines, calculado ahora sobre necesidades demandadas a nivel municipal y provincial.

"Esto puede significar disparidad, desigualdad de trato, desequilibrios en la eficacia de los servicios, decisiones contradictorias a nivel nacional, ausencia de responsabilidad de los altos mandos del Estado en problemáticas que puedan surgir", señaló.

En opinión de González, el Instituto al menos suponía una especialización de los recursos humanos dedicados a la seguridad social, una estabilidad mínima de esa fuerza laboral, un sistema de información y estadística, responsabilidades con cierta independencia y un sistema de control de resultados uniforme. También había una intervención del Estado más puntual y urgente frente a los problemas nacionales, regionales y locales.

El abogado consideró un error la decisión del Estado de desentenderse de problemas sociales que requieren de respuestas nacionales.

"En mi opinión, la decisión significa seguir abandonando a la suerte desdichada de otras estructuras más precarias el irresuelto problema de la seguridad social, por tanto, potencialmente crecerán la incertidumbre y precariedad de los más vulnerables del país", dijo.

Desde 2016 el Gobierno ha ido reduciendo el número de personas históricamente beneficiadas por la asistencia social. De esta manera, ha ido depositando en las familias toda la responsabilidad de la manutención de los necesitados.

El presupuesto destinado a los servicios sociales en los últimos años también se ha reducido. En el último sexenio, las inversiones en salud pública y asistencia social no llegan ni al 2% de los ingresos del país.

Según datos oficiales publicados recientemente, en 2024 el Gobierno solo destinó 1.977,4 millones de pesos (82 millones de dólares al cambio oficial) para inversiones en Salud Pública y asistencia social. La cifra contrasta con los 36.843,8 millones de pesos (1.535 millones de dólares) en Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler —que incluye la construcción de hoteles o el aumento de habitaciones disponibles— así como en Hoteles y Restaurantes.

En febrero de 2024, tras medidas aplicadas por el Gobierno dentro del paquetazo económico, la Seguridad Social despojó de sus pensiones no contributivas a miles de personas incapacitadas de trabajar. DIARIO DE CUBA recogió los testimonios de varios adultos mayores al cuidado de hijos y otros familiares cercanos que perdieron las ayudas recibidas.

"Ahora se evade de la responsabilidad nacional para depositar la culpa en administraciones locales, aquellos que sin la voluntad del Estado nada mejor pueden hacer. En un escenario de carencia, de incertidumbre extrema, de bajísimos ingresos personales asignados a jubilados y pensionados, el Gobierno no podía desentenderse del grave e irresuelto problema que arrastran los componentes de la Seguridad Social. Su entrega a administraciones provinciales y locales del Poder Popular carentes de autonomía real y colmados de problemas sociales y demandas ciudadanas sin resolver puede ser caótico", señaló González.