El régimen cubano revoca la libertad condicional al preso del 11J excarcelado, Jaime Rodríguez Firdó, quien rechazó propuesta de colaborar con la Seguridad del Estado. Diario de Cuba. 

Hasta el momento, las autoridades no han entregado a la familia ningún documento oficial en el que se expliquen las causas de la revocación y se demuestre que el preso político ha incumplido los términos establecidos.

La madre de Firdó Rodríguez, Yuneisy Rodríguez García, contó en un video enviado a Cubalex que su hijo fue citado varias veces por un oficial de la Seguridad del Estado, al que identificó como Ariel, quien intentó convertirlo en colaborador. El preso político se negó.

"(…) Fue citado en varias ocasiones por el jefe de la Seguridad del Estado que lo atendía, llamado Ariel, el cual le propuso en varias ocasiones que trabajara para él, y mi hijo le dijo que no", relató Rodríguez García.

Cubalex añadió que las autoridades alegan que Jaime Firdó Rodríguez se ausentó de su trabajo durante 72 horas, sin justificación. Sin embargo, él presentó un certificado médico por una crisis de asma, explicó la ONG.

Jaime Rodríguez Firdó se manifestó contra el régimen en La Güinera el 12 de julio de 2021, un día después del estallido social en decenas de ciudades y comunidades de Cuba.

El joven fue acusado de "sedición", un delito eminentemente político, y recibió una petición fiscal de 20 años de privación de libertad. Su condena fue de 11 años de cárcel, rebajada a siete, tras la casación.

La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, dijo en una entrevista en la Televisión cubana, que los "beneficiados" estaban obligados a "mantener un comportamiento social adecuado, acorde con nuestras normas de convivencia socialista".

Durante el proceso de excarcelaciones, que el régimen dio por concluido a mediados de marzo, salieron de las cárceles entre 212 (cálculos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH) y 229 (según Prisoners Defenders) presos políticos. Esta condición nunca les fue reconocida a los reclusos por las autoridades cubanas, que aseguran que en la Isla no hay personas encarceladas por motivos políticos.

El Observatorio calificó el proceso de "injusto e incompleto". Señaló que terminaba "sin una lista oficial" y deja en las cárceles cubanas a presos políticos "en malas condiciones de salud".

"Ha demostrado ensañamiento con los presos y familiares que han denunciado las injusticias que sufren y las pésimas condiciones del sistema penitenciario", denunció.

"El régimen cubano, una vez más, pretende engañar a la comunidad internacional. Ha priorizado la salida de presos por causas comunes, mientras aún permanecen centenares de prisioneros políticos, sobre todo detenidos durante las protestas masivas de 2021 y 2022", añadió el OCDH.

Por su parte, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dijo que "más del 85% de los presos políticos excarcelados ya tenían derecho al régimen abierto. 195 de los 230 presos políticos debían haber estado excarcelados antes de este proceso y, de ellos, incluso 29 de los presos políticos excarcelados debían estar ya libres. Fueron retenidos en prisión meses o años, en contra de las propias leyes del régimen, con el fin de vender sus liberaciones", subrayó.

Larrondo, advirtió que las excarcelaciones de presos políticos son utilizadas por dictaduras como la de Cuba "para obtener beneficios para su sostenimiento en el tiempo".