¡ALERTAMOS! MÁS DE 100 PERSONAS DETENIDAS EN SANTIAGO DE CUBA POR EL RÉGIMEN CUBANO PARA IMPEDIRLES RECIBIR AYUDA HUMANITARIA DE LA UNPACU. Por Prisoners Defenders. 

Más de 100 personas en Santiago de Cuba detenidas por el régimen cubano

Tras más de 2 meses de represión, desde el martes día 1 de abril las fuerzas represivas del régimen cubano cercaron violentamente el hogar de José Daniel Ferrer, sede de la UNPACU, por donar ayuda humanitaria a más de 1.000 personas diarias, amenazando y fueron detenidas en Santiago de Cuba más de 100 personas entre indigentes, personas vulnerables y voluntarios. José Daniel Ferrer, cuya vida -además del activismo prodemocrático- se ha centrado en esta labor humanitaria, retomó la labor el mismo día que salió de prisión y, desde el primer día, recibieron amenazas y citaciones de las autoridades, que además pusieron cámaras en el exterior para vigilarles. Los comerciantes que proveían alimentos eran, a su vez, multados por vender productos a la UNPACU. El crecimiento de la demanda de atención humanitaria supera las 1.200 personas diarias. Las más de 100 personas detenidas en Santiago de Cuba en tan sólo 2 días ilustra el éxito de la iniciativa y la represión que sufren.

1.281 personas ya solicitan cada día ayuda humanitaria en la UNPACU

El martes día 1, mientras las fuerzas represivas del régimen detenían y amenazaban en Santiago de Cuba a los beneficiarios y voluntarios de esta labor humanitaria, detenidas arbitrariamente, se suministraron servicios de comedor social a 1.281 personas. La tendencia de personas atendidas no ha dejado de crecer en las últimas semanas, pasando de 428 servicios de almuerzo diarios en la primera quincena de marzo, a más de 1.000 diarios de media en este mes de abril.

El cerco a la labor humanitaria: decenas de personas detenidas en Santiago de Cuba, cientos de amenazados

Desde enero de 2025, además de poner cámaras de vigilancia, amenazar a los beneficiarios de la ayuda y multar a los comerciantes que vendían productos a Ferrer, la policía política ha estado realizando arrestos contra activistas y colaboradores voluntarios, como Fernando González Vaillant o Carlos Oliva Riverí, entre otros.

Sin embargo, el crecimiento exponencial de las personas que acudían a la sede de la UNPACU para recibir comida y atención médica ha sido imparable:

Este martes 1 de abril, la policía política creó todo un cerco policial en torno a la sede de la UNPACU con más de 20 agentes, entre los de la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), autos patrulla, policías de tránsito en motocicleta y hasta un carro jaula de la policía con capacidad para realizar detenciones masivas. A pesar de ello, las personas vulnerables saltaron el cerco para poder alimentarse, y 1.281 personas lograron tener acceso al almuerzo en la sede de la UNPACU, y 45 personas recibieron atención médica.

Entre los diversas personas detenidas en Santiago de Cuba el martes, se encuentra el colaborador voluntario Daniel Ferrer Jiménez, que colabora con la UNPACU en labores humanitarias y es padre del prisionero político del 11 de julio, Enrique Ferrer Echavarría. Es su tercera detención en 40 días por esta labor. Fue amenazado que, de continuar ayudando en la labor humanitaria de la UNPACU, iba a ser encarcelado por “peligrosidad”, es decir, la Desobediencia Penal Precriminal. Este tipo penal se basa en la Peligrosidad Social Predelictiva del régimen de los Castro, inspirada en los regímenes de Hitler (párrafo 42 del Código Penal del Tercer Reich de 1937, que denominaba a los infractores como Volksschädling), de la Segunda República Española (la ley de “la Gandula”), o de Francisco Franco (la “Ley de Vagos y Maleantes”). Así, el artículo 434.1 del nuevo Código Penal de Cuba indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien sea proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias al nuevo artículo 189.3, introducido con este fin, que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas arbitrarias advertencias.

Ese mismo día, el martes, temprano detuvieron a un hombre de 60 años, Jorge Luis Colá Montaní, cuando estaba comprando pimientos para llevarlos al comedor social de la UNPACU. También detuvieron a los hermanos Agustín Estrada Rodríguez y Víctor Manuel Estrada Rodríguez, otros dos colaboradores que son casos de vulnerabilidad social que viven en la extrema pobreza y van a la sede en busca de alimentos, pero también contribuyen trayendo leña.

Durante el mediodía y la tarde del martes día 1, las autoridades detuvieron a más de 40 personas vulnerables, beneficiarios de la ayuda, y les arrebataron y tiraron al suelo la comida obtenida por ellos para alimentarse en la sede de la UNPACU. También les amenazaron con no volver a acudir al comedor social de la UNPACU.

Ayer miércoles día 2 de abril detuvieron al activista Roilán Zárraga Ferrer, dos veces prisionero político, cuando trataba de comprar carbón para el comedor social. También detuvieron a la colaboradora Marilín Thalía Álvarez Pérez, esposa del prisionero político Aníbal Ribiaux Figueredo, quien se encuentra en la prisión de Baraguá, una mazmorra en la que el hambre, el nulo suministro de agua corriente, las enfermedades y las torturas son sus principales características, donde se encuentra en pésimas condiciones, muy delgado, padeciendo de gastritis, hipertensión, dolores de cabeza persistentes, sangrados, hemorroides y escabiosis. Las fuerzas represivas también detuvieron a Adisnubia Rondón Román, colaboradora voluntaria del comedor social, y a su hijo de sólo 17 años de edad, Alexander Fonseca Rondón. A todos ellos los llevaron a la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba.

Igualmente, durante el miércoles día 2 también detuvieron a otras más de 50 personas vulnerables en un local que la policía política ha instalado a dos calles de la UNPACU. La policía política tiró a la basura todos los alimentos que estas personas vulnerables, hombres, mujeres, ancianos y niños, llevaban consigo tras salir del comedor social de la UNPACU.

Debido a esta situación, faltos de combustible, leña y comida para repartir, el comedor social de la UNPACU sólo pudo atender el miércoles a 495 personas vulnerables, ello a pesar de toda la represión.

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Desobediencia Penal Precriminal: arma represiva del régimen contra los vulnerables

Durante el mes de febrero de 2025, la lista de presos políticos y de conciencia de Prisoners Defenders contenía un total de 1.150 prisioneros políticos relacionados con un activismo o expresión pública evidente de oposición a las políticas gubernamentales, o en el ejercicio y/o la defensa activa y pública de los derechos fundamentales del ser humano.

Pero, como cada mes, reconocemos otros más de 11.000 civiles, jóvenes -afrocubanos en su inmensa mayoría- no pertenecientes a organizaciones opositoras, con penas medias de 2 años y 10 meses, que sufren condenas “precriminales”, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa. Esta es la principal amenaza del régimen contra la población vulnerable que se acerca al comedor social de la UNPACU.

El Código Penal vigente hasta diciembre de 2022, y que condenó a la mitad de ellos aun cumpliendo pena, contemplaba que eran personas con tendencia a poder cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” (Art. 72 de Código Penal vigente hasta diciembre de 2022). Así, se les impusieron penas de 1 a 4 años de prisión sin delito: ni investigado, ni sucedido, ni cometido, ni tentativo.No sólo permanecen condenados por predelictiva los jóvenes que fueron sentenciados antes de diciembre de 2022. En el nuevo Código Penal, en vigor el pasado 1 de diciembre de 2022, se mantiene intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito. Así, el artículo 434.1. de este nuevo Código Penal indica que “La autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien sea proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”. Esta advertencia se convierte inmediatamente en una condena penal gracias al nuevo artículo 189.3, introducido con este fin, que dispone hasta 2 años de prisión por no atender dichas arbitrarias advertencias.

Lógicamente, estas penas se aplican desde los 16 años de edad a todos aquellos que osen mostrar desafecto por las políticas gubernamentales. También se emplean para satisfacer actos represivos personales y abusos de poder de tipo personal o ideológico. Todos estos casos, gracias al nuevo Código Penal, se dirimen de forma sumaria mediante Atestado Directo (ES / EN / FR), un proceso policial sin posible defensa, como hemos explicado en un informe del 6 de junio de 2024.

El mero informe de las autoridades policiales indicando una “conducta inadecuada” permite, sin delito alguno, encarcelar de forma sumaria año tras año, por decisiones inmediatas y sin posible defensa, a más de 3.850 personas condenadas cada año por esta sola causa en el país, para sumar una cifra estacionaria de 11 mil personas condenadas por su hipotética “Desobediencia Penal Precriminal” en la Cuba actual. Desde hace décadas, se ha condenado a prisión a una media de 3.850 personas al año por esta causa, antes llamada Peligrosidad Social Predelictiva y a la que el nuevo Código Penal ha dado continuidad con la Desobediencia Penal Precriminal. El régimen argumenta en ámbitos diplomáticos que ya no condena a presos por causas precriminales debido a que han eliminado los artículos 72 al 84 en el nuevo Código Penal, pero al mismo tiempo publica en el Granma cómo instruye a sus jueces para potenciar la nueva Desobediencia Penal Precriminal.