Muchos comerciantes privados cierran sus locales ante la ofensiva estatal contra las ilegalidades
Los inspectores decomisan la mercancía o multan a los vendedores que no ponen etiquetas con los precios
Por Mercedes García
14ymedio
5 de diciembre de 2024


Muchos particulares han dejado de vender por miedo a las multas. / 14ymedio

Sancti Spíritus/Con diciembre llegó una nueva oleada de persecuciones a los vendedores por cuenta propia en todo el país. El llamado “ejercicio nacional contra el delito y las ilegalidades”, que la prensa oficial defiende como “necesario” y “oportuno”, no solo ha puesto en jaque a los cuentapropistas, que han debido cerrar sus comercios o atenerse a las multas, sino a las familias de la Isla, que en pleno fin de año se han quedado sin locales para adquirir alimentos.

“Esta semana salí a comprar unos artículos para reparar mi hornilla y pintura de aceite, pero di muchas vueltas por la ciudad porque todas las tiendecitas particulares de misceláneas estaban cerradas”, cuenta a 14ymedio Roberto, un residente en Sancti Spíritus. “Los pocos vendedores con los que pude hablar me dijeron que hay una ofensiva estatal contra los privados. Aparentemente, hay muchos inspectores visitando uno por uno a los particulares”.

Según Roberto, la cacería de brujas ha dejado a estas alturas varias multas, muchas de ellas por “boberías”. “A una vendedora le pusieron una de 5.000 pesos porque el viento le había volado una etiqueta de precios y estaba en el piso. A otro, cuyo producto no mostraba el precio por ningún lado, le metieron 80.000 pesos”, asegura.

Tras desistir de comprar las herramientas que necesitaba, Roberto decidió ir al local donde habitualmente compra pintura de aceite. “Llegué y la vendedora, que me conoce, me abrió los ojos señalándome a tres inspectores que tenía en la tienda. Uno miraba el listado a ver si los precios estaban bien y otros dos verificaban que los códigos QR para pagar estuvieran funcionales. Me hizo saber por señas que tenía pintura, pero que no podía venderla”, explica.

Al espirituano tampoco le fue bien en la búsqueda de alimentos. “Fui hasta el mercado de Kilo 12 y los puestos también estaban cerrados. Algunas personas de por allí me dijeron que se había parado una carreta con sacos de carbón a 1.100 pesos y las autoridades decomisaron toda la mercancía”, asegura Roberto, que añade: “Con el susto todos los demás cerraron”.

Historias como esta siguen circulando en las calles de la ciudad, admite Roberto. “También me contaron que a un señor que estaba vendiendo el pote de ají a 70 pesos le pusieron 7.000 pesos de multa porque no es el precio acordado para ese producto”. Entre los inspectores "hay algunos que los han traído de La Habana para este ejercicio de control".

Frustrado con la imposibilidad de encontrar lo que busca, el hombre decidió echar suerte por última vez antes de regresar a su casa con las manos vacías. “Al final conseguí pepino en un puesto particular que, a primera vista, parece que está cerrado. Toda la gente de la cola está dispersa por la calle y cuando llega alguien pide el último discretamente. Al local van pasando uno por uno”, advierte.

Roberto reconoce que los precios de los alimentos son altos, pero duda de que una “ola de multas a diestra y siniestra” sea la solución. Por el contrario, reflexiona, las autoridades están empujando a los vendedores al contrabando, cuando ellos también dependen de los precios que les exijan sus proveedores. “Como consecuencia casi todos han cerrado porque tienen miedo de ser multados. Dicen que hasta que no pase la oleada esta de inspectores no volverán a abrir”, zanja.

El caso de Sancti Spíritus se repite en todo el país desde que inició el control el pasado lunes. Según imágenes difundidas en redes sociales, en un mercado de Santiago de Cuba los inspectores decomisaron los productos de algunos vendedores, lo que provocó quejas por parte de otros cuentapropistas y de clientes. “Ellos están luchando y tienen niños chiquitos”, se oye gritar a alguien en la grabación mientras algunos agentes de Policía y otros de civil forcejean con los vendedores que intentan impedir que confisquen una carretilla.

El gobierno de La Habana también ha dejado en sus redes sociales las huellas de la inspección a los carretilleros y pequeños vendedores. “En el recorrido por el Consejo Palatino se detecta la comercialización de productos del agro sin precio visible”, advierte la publicación, que anuncia una multa de 5.000 pesos por la infracción y otros 2.000 por “no presentar autorizo comercial”.

En Camagüey, un artículo publicado este jueves por la prensa oficial asegura que este diciembre se realiza el control con mayor énfasis porque el “enfrentamiento a los precios abusivos” es una prioridad del Estado. Según los datos publicados por Adelante, en noviembre se llevaron a cabo 3.402 inspecciones que resultaron en 2.783 multas con un importe de más de 8 millones de pesos. “Estas acciones coordinadas entraron en ejecución desde el pasado mes de julio con un monto que supera los 39 millones, incluido noviembre”, remata el diario.

Pese al evidente descontento, tanto de los cuentapropistas como de los clientes, que han visto en los últimos días cerrar de repente los comercios en los que compran usualmente, el Gobierno ha defendido a capa y espada la medida, que durará hasta el sábado 7 de diciembre. “Se trata de un ejercicio integral, con participación y control popular, que fortalece la unidad de nuestro pueblo y que está orientado sobre todo a enfrentar manifestaciones de corrupción”, señaló Miguel Díaz-Canel el pasado lunes, cuando dio el disparo de salida al ejército de inspectores.

No obstante, el mandatario reconoció que los problemas identificados por el “ejercicio”  no se pueden “enfrentar en un día, en dos, en una semana, en un tiempo determinado”, algo evidente si se tiene en cuenta que el régimen ha iniciado ofensivas similares en meses pasados –la última de ellas este verano– sin resultado.

Este diciembre los cubanos volverán a desistir de las fiestas, el lechón asado o la reunión familiar tradicional de los fines de año. En su lugar, tendrán la preocupación de buscar qué comer si, debido al “control” estatal, “las tarimas se quedan peladas”.