Criminalizar a los usufructuarios de tierras, ¿la nueva ofensiva que viene en Cuba?
Diario de Cuba
11 de octubre de 2024



Un campesino arando una parcela de tierra en Guantánamo. DIARIO DE CUBA

'Prestamos tierras de manera gratuita, pero tienen el encargo de producir para el pueblo', advierte sobre el tema el ministro de Agricultura.

El ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, dijo que el Gobierno cubano presta "tierras de manera gratuita", pero los campesinos que las explotan "tienen el encargo de producir para el pueblo", en respuesta a las críticas por la arremetida contra las denominadas "ilegalidades" en las parcelas en usufructo que las autoridades anunciaron van a intervenir.

Al comparecer en el espacio televisivo de la Mesa redonda el jueves 10 de octubre, el funcionario aseguró que el Decreto 105 del Consejo de Ministros, publicado en septiembre último, y que busca arremeter contra lo que denomina "irregularidades en las construcciones en tierras agropecuarias", no tiene como objetivo "quitar la tierra, sino corregir problemas y validar a los campesinos sus viviendas, así como dar más tierra a quienes realmente producen".

No obstante, según la norma, que afectará a los agricultores que obtuvieron parcelas en usufructo y fabricaron en ellas viviendas o bienhechurías para facilitar su labor, las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo "pueden autorizar la legalización de lo construido como bienhechuría vivienda desde el 2008 hasta el año 2023, siempre que cumplan con los requisitos regulados en la legislación vigente y se encuentren en función de la producción agropecuaria y forestal", excepto las que sean vetadas por "razones medioambientales, de defensa y seguridad nacional o de seguridad".

Acota que la autorización de la legalización de bienhechurías se haría "excepcionalmente" y, en todos los casos, las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo deberán pronunciarse sobre la legalidad o no de la construcción.

Y señala que "de no accederse a la legalización interesada sobre las bienhechurías en tierras entregadas en usufructo o bienes agropecuarios, por no cumplir estos los requisitos para el proceso de ordenamiento y legalización, las mismas se incorporan al 'Programa integral de enfrentamiento a las ilegalidades en las construcciones', según lo establecido en la legislación vigente". O sea, serán demolidas.

La cobertura de Granma sobre la intervención del ministro es llamativa, puesto que hace énfasis en la obligación de los usufructuarios de producir "para el pueblo", que en la jerga oficial equivale a producir para el Estado. O, siendo precisos, para el monopolio estatal Acopio, que es quien pone los precios a las cosechas de los agricultores, pese a que estos trabajan sin apenas recursos, pues la mayoría de los insumos el propio Gobierno se los vende en dólares.

Pérez Brito, quien se refirió a la cuestión mientras además reconocía la caída sin freno de las producciones agrícolas en Cuba debido a la pésima gestión de las autoridades, precisó que alrededor del 66% de los usufructuarios de tierra en Cuba fueron inspeccionados como parte del ejercicio de control del uso y tenencia de la tierra y la ganadería, que lleva a cabo el Ministerio de la Agricultura.

En esas revisiones "se han detectado más de 100.000 irregularidades, de las cuales unas 60.000 están relacionadas con problemas de bienhechurías", dijo. De tal cifra, añadió, "el 40% corresponden a viviendas en espacios que se entregaron para la producción".

Para justificar la arremetida, que no toma en cuenta que las dificultades con el transporte en Cuba obliga a los campesinos a vivir en sus tierras para poder atenderlas y protegerlas de los robos, el ministro dijo que ello forma parte de la política agraria nacional, que incluye la actualización del registro de posesión, propiedad, herencia y uso de la tierra y bienes agropecuarios.

Recordó Pérez Brito que "el 80% de la tierra en Cuba es propiedad estatal socialista", si bien evitó precisar que menos del 20% restante, que como dijo, "corresponde, en su mayoría, a productores privados, a quienes se les entregó la tierra durante la Reforma Agraria, aunque muchas veces trabajan junto a las CPA (Cooperativas de Producción Agropecuaria)", produce más del 80% de los alimentos que se consumen en Cuba. Mientras, la enormidad de las tierras estatales son improductivas.

Y entonces lanzó la frase citada arriba: "Prestamos tierras de manera gratuita, pero tienen el encargo de producir para el pueblo. (...) Es verdad que ha existido falta de control, pero cada productor sabe para qué se le entregó la tierra", advirtió.

Según el ministro, en cuanto a los usufructos, aprobados a partir de 2008 con el propósito de aumentar la producción agropecuaria, precisamente ante la ineficacia de la explotación estatal de las tierras en Cuba, expuso que existen tres tipos de contratos fundamentales: "el que se firma a través de la empresa; el contrato por vinculación, y en el contrato productivo, que define los destinos de la producción".

Ante las críticas al Decreto 105, aseguró que las inspecciones "no tienen como objetivo quitar la tierra, sino corregir problemas y validar a los campesinos sus viviendas, así como dar más tierra a quienes realmente producen". Lo anterior, reñido con lo que expresa la norma de marras.

Apuntó que hoy hay en Cuba 440.754 productores agrícolas, y gracias a la fiscalización del MINAG se conoce cuántos tienen menos de una hectárea, o quiénes son copropietarios. Mencionó que algunas de las violaciones detectadas están relacionadas con la existencia de expedientes sin certificado catastral y sin certificado de suelo, o que no existe contrato de usufructo.

Añadió Pérez Brito que la revisión reveló que "se han extinguido más de 9.600 usufructos", y reafirmó que los Consejos de la Administración Municipal son los encargados de dirigir el proceso de entrega de tierras.

Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de la Isla, dijo a DIARIO DE CUBA que "hoy sencillamente el campesino está tratando de tomar posesión de lo que siempre fue suyo, de sus familias, porque no es menos cierto que si un campesino trabaja una parcela de tierra y vive alejado de ella es imposible que pueda cuidarla, y más con el aumento del delito que hay actualmente en Cuba, donde se están robando prácticamente todo".

"Entonces el campesino tiene que vivir al lado del pedazo de tierra que trabaja, tener sus bueyes, sus animales, su tractor, tener todo lo que posea en ese pedazo de tierra. Resulta que le entregan la tierra, pero no les permiten que puedan construir allí, y esto es algo contradictorio", señaló.

"Ya se está viendo hoy la desmotivación que tienen la mayoría de los campesinos por sembrar sus parcelas de tierra. La mayoría de estas tierras que hoy se les quitan cuando no cumplen con ciertas normativas se llenan de marabú, acaban siendo tierras yermas que no se siembran, y de ahí la gran hambruna que está viviendo el pueblo cubano. Todo ha sido una cadena de errores, una cadena devastadora para el pueblo, para Cuba, que hoy está en los niveles más altos de pobreza".

"La agricultura cubana y la economía nacional, con todas estas medidas fallidas, va a empeorar, y habrá más hambruna y miseria. No sabemos a dónde llegarán", alertó.

Como analizara el historiador Dimas Castellanos en DIARIO DE CUBA, "el común denominador de esos decretos-leyes consiste en la ausencia de una reforma de la propiedad, pues constituye una flagrante contradicción que el Estado, incapaz de producir, conserve la propiedad, mientras los productores eficientes no pueden ser propietarios, sino usufructuarios".