13 empleados procesados y más de 21 millones de pesos desfalcados: el caso de corrupción en
la Empresa Eléctrica del Mariel
Diario de Cuba
20 de julio de 2024
Un almacén de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. ZED MARIEL
La fiscalía provincial del Artemisa culpa del robo a 'la insuficiencia en el control interno sobre los recursos materiales y financieros'.
Este viernes, mientras la Unión Eléctrica reportaba más de 1.000MW de déficit en la generación de energía en Cuba, la fiscalía provincial de Artemisa hizo público un caso de desfalco millonario ocurrido en 2023 en ese sector en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, con la intención de aliviar la carga de irresponsabilidades y deficiencias que pesa sobre la UNE y pasarla "quienes tienen a su cargo recursos materiales o financieros y deciden apropiarse de estos", informó el periódico provincial El Artemiseño.
El jefe del almacén de la Unidad Empresarial de Base de la UNE en la zona de desarrollo, según el reporte oficialista, que cita a la fiscalía, "accedió al módulo de inventarios en el Nomenclador de Productos, modificando su descripción, con el fin de apropiarse de recursos de cuya custodia y distribución era responsable, destinados al desarrollo energético de ese importante enclave económico del país. Con este proceder causó daños a la entidad por valor de 21.127.548,47 pesos cubanos (CUP)".
La fiscalía detalló que, "con el fin de extraer los recursos que hizo suyos, contó con la anuencia de tres linieros eléctricos especializados de la Unidad Empresarial de Base Mariel, perteneciente a la propia empresa. Ellos, usando los vehículos asignados para sus funciones, recogían los productos en el almacén y traficaban en el mercado informal, conscientes todos de la afectación que generaban ante la carencia de recursos en el sistema energético nacional".
El informe fiscal subraya que tales acciones se llevaron a cabo por "la insuficiencia en el control interno sobre los recursos materiales y financieros". Por esta razón, fueron imputados seis directivos y trabajadores, por considerar "que pudieron y debieron evitar estas conductas".
En total, entre directivos y autores materiales, fueron instruidas de cargo 13 personas, acusadas por los delitos de Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio, Malversación, Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas, Receptación y Hurto.
De estos, cuatro fueron asegurados con la medida cautelar de prisión provisional. Las sanciones solicitadas oscilan en cinco casos entre los ocho y los 18 años de privación de libertad; a seis imputados, la de trabajo correccional sin internamiento y a dos la de trabajo correccional con internamiento.
En una entrevista en mayo con la agencia española EFE, la recién sustituida contralora general Gladys Bejerano aseguró que la profunda crisis económica en la que está sumida la Isla ha hecho aumentar la corrupción porque "hay una mayor necesidad" y una escasez "de todo", aunque ello "no justifica" las actitudes delictivas.
Este aumento de la corrupción se percibe en la mayor parte de los sectores de la sociedad. Por ejemplo, en febrero, el Tribunal Provincial de La Habana sancionó con penas que oscilan entre las multas administrativas y los ocho años de cárcel a 21 personas, entre ellas siete funcionarios de la Unión Eléctrica de la capital, "por un delito de falsificación de documentos bancarios y de comercio, para cometer cohecho de carácter continuado, detalló el Ministerio del Interior en su cuenta en la red social X.
En enero, el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional, ubicó a Cuba retrocediendo por quinto año consecutivo.
En el ranking mundial correspondiente a 2023 que presentó la organización, la Isla aparece en el puesto 76 entre 180 países, con 42 puntos de 100 posibles. El retroceso ha sido la tendencia desde 2019, cuando el país recibió 48 puntos. Desde entonces, la puntuación de la Isla no ha dejado de descender. En 2020, fue de 47 puntos; en 2021, de 46, y en 2022, de 45.
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