La escalada de represión en Cuba sumó 19 presos políticos en mayo tras
las protestas por los apagones y la falta de agua
Por Gastón Calvo
Infobae
13 de junio de 2024

La ONG Prisoners Defenders denunció que las personas privadas de su libertad por reclamar sus derechos superó los 1.100 casos y dedicó un apartado a los ataques del régimen contra la prensa independiente. La palabra de su directora jurídica, Karen Herrera

La ONG Prisoners Defenders denunció este jueves una escalada de la represión en Cuba que provocó 19 nuevos arrestos el mes pasado. El total de presos políticos en la isla ascendió a 1.113.

Karen Herrera, directora jurídica de la ONG, indicó a Infobae que “11 fueron detenidos arbitrariamente y en violación de todo debido proceso por participar el 28 de mayo en las manifestaciones de la población de Juraguá en Cienfuegos, que surgieron tras llevar más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los recurrentes apagones y nada menos que 27 días con desabastecimiento de agua”.

“Seguimos estudiando otros casos. De los 1.113 prisioneros políticos, siguen estando en la lista 30 jóvenes que fueron detenidos y encarcelados cuando eran menores: 27 de ellos aún cumplen sentencia y tres siguen en proceso penal con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. Además, 117 mujeres, incluyendo menores y dos de género trans, siguen actualmente en prisión política o condenadas en limitación de libertad domiciliar y fuertemente amenazadas. Todas las mujeres trans en prisión de conciencia, al igual que las que lo están por delitos comunes, han estado y están encarceladas entre hombres con todo lo que eso conlleva”, dijo Herrera a este medio.

Luego enfatizó que, de los 1.113 presos políticos, la organización identificó “305 con patologías médicas graves, sin tratamiento médico adecuado y comprobado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención. Maltrato, abusos y tortura que hemos documentado y se intensifica con el colectivo más vulnerable en prisión. Aquellos con padecimientos psiquiátricos y discapacidades mentales y emocionales encarcelados en prisiones ordinarias donde son vejados, humillados y golpeados por los funcionarios a su cargo”.

Por último, alertó sobre el “operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente, las detenciones, interrogatorios, multas y decomisos contra periodistas en toda la isla en una razia de gran intensidad y que son amenazados con largas condenas y cadenas perpetuas si continúan realizando su trabajo”.

“Hemos registrado 1.113 prisioneros políticos pero también identificamos más de 11.000 civiles jóvenes afrocubanos en su inmensa mayoría no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de dos años y diez meses que sufren condenas debido al nuevo Código Penal y su desobediencia penal precriminal implantada mediante los nuevos artículos 434.1 y 189.3, para continuar con el control social ejercido durante décadas por la peligrosidad social predelictiva”, concluyó.

Represión a gran escala contra la prensa independiente

Prisoners Defenders destacó en su reporte que, con motivo del aniversario de la fundación de la República de Cuba el 20 de mayo, “el régimen cubano desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla” con “detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas”. Los casos:

El 9 de mayo, los periodistas Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio independiente Panorama Pinareño, fueron detenidos en San Juan y Martínez (Pinar del Río) y les confiscaron los equipos de trabajo.
Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero, fue citado e interrogado en la estación policial del municipio Plaza de la Revolución, advertido con la prohibición de que saliera a la calle el 20 de mayo, y amenazado con la posibilidad de ser condenado a cadena perpetua.
Igualmente, Antonio Suárez Fonticiella, director del medio Páginas Villareñas de Villa Clara, fue citado y amenazado con la “cadena perpetua” si salía de su domicilio el 20 de mayo.
Mabel Páez Díaz, directora de El Majadero de Artemisa, fue interrogada y amenazada con “largas condenas”. “Me dijo que tenía los días contados, que dejara de hacer periodismo, que van a sacar de las calles [meter en prisión] a todos los periodistas independientes y a tomar medidas drásticas con todo el que aliente al pueblo a salir a las calles”, contó la comunicadora.
El 15 de mayo Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano, y su esposo, el también periodista Pedro Luis Hernández Hernández, fueron interrogados en El Vivac (Centro de Instrucción Penal, para ejecutar interrogatorios y torturas), en Sancti Spíritus. “Me dijeron que yo tenía dos opciones: una, irme del país, y la otra, diez años de prisión, pues estaban ya cansados de mí y tenían suficiente evidencia para meterme presa”, afirmó Orlidia.
El 16 de mayo fue detenido en La Habana Vladimir Turro Páez, periodista de Cubanet, cuando salía de la sede de las Damas de Blanco, en La Habana. “Los agentes de la Seguridad del Estado lo detuvieron en la calle Porvenir y lo trasladaron a la estación de Aguilera. Le quitaron el teléfono y lo arrojaron al piso, en medio de amenazas. Además, lo multaron con 150 pesos cubanos por violar el dispositivo de seguridad”, informó Cubanet.
En Villa Clara, el periodista independiente y ex preso político Carlos Michael Rodríguez Morales continúa detenido desde el 4 de mayo. Fue trasladado el 20 de mayo a la Sala de Penados del Hospital Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara, debido a su delicado estado de salud después de estar más de dos semanas en huelga de hambre. Había sido excarcelado a principio de marzo tras cumplir una sanción de dos años y medio de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién (Villa Clara).
El 14 de mayo, el activista Yasser Ravelo Díaz fue citado en la unidad de Operaciones de Guantánamo, donde lo multaron por sus publicaciones en redes sociales, y oficiales de la Seguridad del Estado lo amenazaron con enviarlo a prisión.
José Luis Boada Valdés ha sido sancionado a nueve años de privación de libertad por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”. José Luis llevaba más de dos años preso en el Combinado del Este por haber escrito en una pared varias frases contrarias a Miguel Díaz Canel.