Un joven cubano muere en manos de la Policía en Pinar del Río tras sufrir 'golpes y maltratos'
Diario de Cuba
24 de mayo de 2024

Luis Ángel Benítez Hernández, a la derecha, junto a dos personas. CUBALEX / X

La Seguridad del Estado amenazó a la familia de Luis Ángel Benítez Hernández con hacerle sufrir represalias por denunciar lo ocurrido.

Luis Ángel Benítez Hernández, un joven de 28 años, murió en manos de la Policía en San Juan y Martínez, Pinar del Río, después de ser sometido a golpes y malos tratos, así como ser víctima de negligencia por parte de los agentes que lo tenían bajo su cargo.

De acuerdo con el centro de información legal Cubalex, los hechos se produjeron el pasado 6 de mayo, cuando el fallecido prendió fuego a su vivienda y a la casa de su ex pareja, para luego entregarse a la Policía sin oponer resistencia, a quienes aseguró que "había ingerido veneno".

Según la denuncia de Juan Ángel Benítez Peraza, padre de Luis Ángel, "los policías ignoraron su situación, alegando que se debía a una 'borrachera' por consumo de alcohol. Lo llevaron al policlínico Modesto Gómez Rubio, donde lo atendieron con las manos esposadas y no le hicieron un lavado estomacal, solo le administraron dextrosa y vitamina B6".

Cubalex precisó que los facultativos que atendieron al joven "emitieron un certificado de lesiones que no registraba ningún signo evidente de golpes en su cuerpo" y sobre las 4:00AM "lo trasladaron a la estación de Policía, donde Luis Ángel sufrió golpes y maltratos".

La madre del joven visitó la unidad policial de San Juan y Martínez al amanecer del día siguiente y "lo encontró en condiciones inhumanas: desnudo, cubierto de heces y esposado a una escalera".

"La Policía admitió que Luis Ángel murió en la unidad y el director del policlínico confirmó que el joven llegó al centro médico ya sin vida. Además, el certificado de lesiones emitido a la PNR no registraba ninguna lesión cuando fue trasladado a la unidad policial".

Posteriormente, las autoridades de Medicina Legal preguntaron a la madre por los golpes que Luis Ángel tenía en el rostro y el cuerpo. La propia familia aseguró que "un policía admitió haberlo golpeado luego de que el joven lo escupiera".

A tres semanas de los hechos, "las autoridades no han ofrecido ninguna explicación a la familia sobre las circunstancias de la muerte de Luis Ángel. Los padres no han tenido acceso a ningún documento y únicamente se les ha informado que deben esperar los resultados de la investigación", indicó Cubalex en su resumen del caso.

A raíz de las denuncias públicas de Benítez Peraza sobre el caso, divulgadas a través de las redes sociales, una página de Facebook asociada a la Seguridad del Estado en Pinar del Río "publicó que la información sobre la muerte de Luis Ángel Benítez Hernández está manipulada y que la fotografía compartida por la familia es falsa. El padre de Luis Ángel respondió en la misma publicación, desmintiendo estas alegaciones", precisó Cubalex.

Benítez Peraza dijo estar preocupado por su seguridad y la de su familia luego de que tres oficiales de la Seguridad del Estado, entre ellos el jefe del MININT en el municipio, "se presentaron en la vivienda donde él se encontraba para advertirle que estaba relacionándose con 'elementos contrarrevolucionarios y terroristas' y podría ser encarcelado", indicó la denuncia.

Cubalex enfatizó que la muerte de Luis Ángel se produjo "bajo custodia estatal, sufriendo brutal maltrato físico y sin recibir atención médica adecuada. Esto violó su derecho a la vida, seguridad personal y a no ser torturado ni maltratado, según establece la Convención contra la Tortura y las Reglas Mandela".

"Las acciones y omisiones de los agentes estatales pueden constituir delitos graves. Además, la desinformación y la negación de acceso a la información obstaculizan el acceso a la justicia y violan el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas y sus familias", agregó el centro de información legal.

"No se ha realizado una investigación independiente y exhaustiva, como lo establece el Protocolo de Minnesota, a pesar de que toda muerte en custodia con sospechas de maltrato debe ser investigada como potencialmente ilícita", añadió.

Cubalex exigió al Estado cubano "investigar de forma exhaustiva, transparente e imparcial la muerte de Luis Ángel, identificar a los responsables y tomar medidas, además de informar sobre las circunstancias exactas de la muerte y las acciones para garantizar la justicia y reparación".

En febrero pasado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el medio digital independiente El Toque presentaron en Madrid una investigación que concluyó que al menos 95 personas murieron en Cuba a causa de la violencia policial entre 2018 y 2023, y otras 287 la han sufrido sin consecuencias letales.

"Entre las víctimas hay algunos nombres y rostros conocidos, pero una gran parte continúa bajo la sombra de las injusticias cotidianas que el Gobierno intenta ocultar", indicó el OCDH al presentar los resultados de la pesquisa.

La investigación identificó siete formas de violencia física que cometieron las autoridades en Cuba entre 2018 y 2023: abuso sexual; detención violenta o arbitraria; ejecución extrajudicial; negación de atención médica / negligencia médica; muerte bajo custodia; uso de arma de fuego y uso excesivo de la fuerza.

De las 382 personas violentadas por las fuerzas del orden, 274 fueron víctimas de violencia policial debido a alguna motivación política, principalmente dentro del sistema penitenciario y durante las protestas del 11 de julio de 2021 y otras protestas públicas en contra de las autoridades y del sistema político.

De los 95 cubanos fallecidos en los últimos cinco años por excesos policiales, 76 estaban bajo custodia estatal en el momento de su muerte. A partir de la información que ofrecieron los representantes gubernamentales a varios familiares, las organizaciones vinculadas a la investigación registraron que 33 personas perdieron la vida debido a una condición médica; 28 murieron por suicidios o presuntos suicidios; y otros 12 por huelga de hambre, golpizas o accidentes. Se desconoce la causa de la muerte de otras tres personas.

Las organizaciones denunciaron cómo "desde el poder se intenta blanquear la imagen de la Policía cuando queda expuesta en actos violentos a través de las redes sociales o en los medios de comunicación independientes. Así sucedió tras las manifestaciones del 11J. En televisión nacional se deslegitimó a los manifestantes y sus reclamos y se presentaron a las fuerzas del orden como víctimas de las reacciones violentas de los ciudadanos".

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