Gritar "¡Libertad!" es un agravante para el tribunal que condenó por sedición a nueve cubanos del 11J
La Fiscalía acusó a los manifestantes de "alterar tumultuariamente el orden y la disciplina social"
14ymedio
28 de enero de 2023
La sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana dictó este jueves condenas de hasta 15 años de prisión para otros nueve manifestantes del 11J, bajo el cargo de sedición.
Los acusados, de entre 25 y 39 años, son Lázaro Yurisan Sarduy, condenado a 14 años de cárcel, Lázaro Osmel Salinas (a 15 años), Yoslien Rosa y Yunier Sánchez (ambos a 11), Deyvis Javier Torres, Carlos Pérez Cosme y Reinier Borrell (10), y Alcides Peró Candó y Manuel Bermúdez (ambos con 5 años de trabajo correccional sin internamiento).
El fiscal Roeldys Matos Delgado acusó a los jóvenes de "alterar tumultuariamente el orden y la disciplina social", además de atentar contra las autoridades y contribuir al "menoscabo del sistema socialista". Admitió que los manifestantes eran "miles de personas", en contraste con las versiones oficiales que pretendió imponer la prensa oficial.
Matos expuso que la "turba" avanzó desde los alrededores del cine del barrio habanero de Mantilla, a través de la céntrica calzada de Diez de Octubre, gritando "frases ofensivas" contra Miguel Díaz-Canel y la Policía. La Fiscalía acusó a los manifestantes, además, de utilizar "piedras, palos y variados objetos" contra los agentes en la "popular" Esquina de Toyo, en Diez de Octubre.
La Esquina de Toyo fue, precisamente, uno de los escenarios más relevantes del 11J. Uno de los jóvenes manifestantes subió a una patrulla volcada y ondeó una bandera cubana, imagen que se convirtió en uno de los íconos de la protesta. El "joven de la bandera", llamado Elías Rizo, logró salir de Cuba tras las manifestaciones y, después de un largo periplo, instalarse en Madrid.
Los acusados, según Matos, "se les subían encima" a las patrullas de la Policía y llegaron a volcarlas como "muestra de desprecio". El repliegue de la multitud se produjo en la zona de Vía Blanca, donde la Policía reprimió a los protestantes con mayor dureza. Su petición fiscal, tras declarar su versión de los hechos, fue de hasta 27 años de cárcel para los jóvenes.
La defensa negó todas las acusaciones de la Fiscalía y, en el caso de Borrell, expuso que ni siquiera se encontraba junto a los manifestantes sino manejando una moto hasta la Esquina de Toyo "por curiosidad". Otros abogados expusieron argumentos similares sobre la no participación "directa" de los acusados en los hechos del 11J. Por su parte, la defensa de Sarduy, enfermo de sida desde 2019, razonó que no existían pruebas suficientes para procesarlo.
La respuesta de la Fiscalía, tal y como figura en el acta, fue insistir en las acusaciones y dar los hechos por "probados". Además, alegó que los jóvenes gritaban "¡Libertad!" a viva voz y cantaban el estribillo de Patria y Vida, una canción "inspirada en sentimientos contrarios al sistema estatal socialista", además de que los agentes los habían escuchado decir, en más de una ocasión, "Díaz-Canel, eres un singao".
Matos señaló que si los oficiales de Policía habían desenfundado sus armas fue para disparar, como en el caso del agente Yovani Viera, 14 tiros al aire para "proteger a sus compañeros". Además, se esforzó por denigrar a todos los acusados atribuyéndoles un "carácter violento", "vocabulario vulgar", "escasas relaciones con sus vecinos" y propensos al "escándalo"
El tribunal, presidido por Nelson Delgado e integrado por Irela Heredia, Carlos Hurtado Castillo, Mercedes Ramos y Juan Sosa, valoró los acontecimientos, el testimonio de varios testigos –la mayoría agentes de Policía y funcionarios públicos– y los videos utilizados por los peritos para identificar a los manifestantes, y dio la razón a las acusaciones de la Fiscalía.
El pasado 23 de enero se conoció otra sentencia del mismo tribunal contra 15 manifestantes cuya condena conjunta sumó 75 años. Entre los acusados estaba Jonathan Torres, que en el momento de los hechos solo tenía 17 años. Los argumentos enarbolados por la Fiscalía fueron similares y fueron bien recibidos por el tribunal.
Al día siguiente se juzgaron en Habana del Este a otras 10 personas, entre los que estaba el profesor Pedro Albert Sánchez, acusados por desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato. La condena fue hasta de ocho años de prisión.
Los juicios del 11J, que han tenido desde el comienzo un carácter ejemplarizante, fueron abordados por el ministro de Justicia, Óscar Silvera, en un encuentro con embajadores de la Unión Europea la semana pasada. Durante la reunión, Silvera señaló a los diplomáticos la imposibilidad de ofrecer amnistía a los manifestantes.
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