El nuevo proyecto de Ley de Comunicación social anula la opinión pública
Por Marlene Azor Hernández
Cubanet
29 de enero de 2023

El régimen ya redactó su proyecto de Ley de Comunicación Social (Foto: Cubaperiodistas)

La constitución cubana de 2019 cancela la posibilidad de la prensa libre y de la opinión pública porque los medios de difusión ―el régimen solo reconoce los medios estatales de propaganda― siguen secuestrados por el único partido legal de la dictadura. En otras palabras, ni libertad de expresión para los ciudadanos, ni libertad de prensa para los periodistas. Todos los “medios” oficiales cubanos están subordinados al discurso del Departamento Ideológico del PCC.

El nuevo proyecto de Ley de Comunicación, que no fue presentado ante el Parlamento en diciembre pasado probablemente por el rechazo popular en las redes sociales, mantiene el control sobre los contenidos y permite solo los que sean “socialistas”; por lo tanto la crítica social sigue atada a los criterios de los censores del Partido.

Lo novedoso de la ley es que permite el financiamiento de los medios oficiales como Granma, Cubadebate, Trabajadores, Juventud Rebelde, Tribuna de La Habana, etc., por patrocinadores cubanos o extranjeros; y deja que estos cobren por colocar publicidad en sus páginas impresas o digitales.

De esta forma, la ley oficializa el financiamiento internacional que ya, por ejemplo, han recibido instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), bajo la dirección de Mariela Castro, hija del dictador Raúl Castro.

Lo perverso del asunto es que los periodistas independientes y los medios de prensa independientes al Partido no tienen ningún derecho a ser financiados porque no son reconocidos como legales dentro del país por la dictadura.

El proyecto de ley entiende la comunicación social solo en el sentido vertical del Partido-Estado hacia la sociedad, pero la ciudadanía no tiene canales abiertos para incidir en el Gobierno, en las políticas que le perjudican, ni en detener los abusos de poder de las autoridades.

La participación popular sigue constreñida a los espacios cerrados reducidos, y a los temas que defina previamente el Partido único, lo que algunos especialistas califican de “participación parroquial” de la ciudadanía. La opinión pública no aparece en el texto de la ley, y el control popular se menciona varias veces, pero no se explica la posibilidad de hacerlo.

El 16 de enero Cubadebate publicó un artículo de la Dra. Martha Prieto Valdés con informaciones falsas sobre el proyecto de ley de Comunicación Social. En su función de jurista, esta especialista intentó persuadir a la población de que la ley respeta sus derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y de control del Gobierno por la ciudadanía:

“Entonces, pensando en Cuba, los medios, instituciones y organizaciones que se implican en la comunicación tienen el mandato de propiciar la realización de estos derechos; deben tener claro que, con este hacer cotidiano, expresan el pensamiento crítico que nace del pueblo para cambiar todo lo que debe ser cambiado, y preservar lo que acordamos, además de contribuir a la realización efectiva del control popular”.

En otras palabras, los medios secuestrados por el PCC son los únicos autorizados a canalizar la crítica ciudadana y el control popular sobre el Gobierno, es decir, los censores del PCC y su Instituto de Información tienen las manos libres para silenciar la opinión pública nacional.

Esta interpretación falsa y fuera de contexto de Prieto Valdés no hace más que confirmar su respaldo a la dictadura comunista cubana y su menosprecio a los derechos e intereses del “soberano”. En la próxima sesión del Parlamento cubano esta ley se aprobará por unanimidad y a mano alzada, como viene ocurriendo desde 1976. Contraria al Derecho Internacional, la dictadura cubana no reconoce a la opinión pública.