El régimen de Cuba insiste en desacreditar las reclamaciones de deuda durante el juicio en Londres
La presidenta del Banco Nacional de Cuba dice en la vista oral que CRF I 'no ha adquirido deuda cubana de manera legal'.
Diario de Cuba
25 de enero de 2023

Emigrados cubanos protestan frente a la sede del tribunal de Londres. AMERICANO MEDIA / TWITTER

La presidenta del Banco Nacional de Cuba (BNC), Joscelín Río Álvarez, alegó el miércoles en el juicio de Londres que el fondo inversor CRF I Limited "no ha adquirido deuda cubana de manera legal" conforme a la legislación de la Isla, y que no consta como interlocutor en los registros de la institución que dirige.

La funcionaria sostuvo que el CRF I Limited  no está registrado en el BNC como acreedor, sino solo su solicitud, y reiteró la versión del régimen de que no es válida una asignación de ese estatus, autorizada el 25 de noviembre de 2019 por el funcionario Raúl Olivera Lozano, quien en ese momento ocupaba el cargo de director de Operaciones de la institución bancaria, tras lo cual fue procesado y condenado a 13 años de prisión.

De acuerdo con un reporte de EFE desde Londres, Lozano, quien declaró el martes desde Cuba a través de videoconferencia, argumentó que el consultor de CRF I, Jeetkumar Gordhandas, le había ofrecido dinero para que consintiera a la cesión de los títulos, lo que hizo de manera irregular, con su sola firma en lugar de dos y sin consultar al Gobierno cubano.

Ese ha sido el argumento central de la defensa del régimen cubano desde el inicio del proceso, pese a lo cual la demanda avanzó en la corte. Los abogados de La Habana retiraron en diciembre el argumento del presunto soborno.

CRF alegó que sí fue legal dicha asignación de derechos contractuales sobre la deuda de 72 millones que antes gestionaba el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC, y que las acusaciones contra Olivera y otros colegas condenados a prisión "son un pretexto fabricado" por el Estado cubano "para eludir sus obligaciones".

Río Álvarez, que asumió el cargo en mayo de 2020, subrayó que "ningún empleado del BNC tiene autoridad para actuar en nombre del Gobierno de Cuba".

La jueza Sara Cockerill, de la División Comercial del Tribunal Superior de Londres, debe determinar primero en el proceso iniciado el lunes si el grupo inversor es o no acreedor legítimo de la deuda cubana.

El otro argumento del régimen de la Isla es que CRF I es "un fondo buitre" constituido solo para acumular deuda cubana impagada y forzar su cobro en los tribunales.

No obstante, CRF I Limited aseguró que lo anterior es falso y señaló que durante años intentó negociar con La Habana la reestructuración de su deuda, sin obtener respuesta. Según documentos del proceso, el fondo tiene deuda soberana cubana por valor de unos 1.200 millones de euros.

Durante el testimonio de Olivera Lozano, el abogado de CRF I, Jawdat Khurshid, le preguntó sobre sus funciones como director de operaciones en el BNC, donde trabajó durante más de 40 años.

De acuerdo con el reporte de EFE, Khurshid alertó a la jueza de que deben tomarse con "cautela y escepticismo" los argumentos de los demandados, el BNC y la República de Cuba, en el sentido de que Olivera actuó ilegalmente al consentir la cesión de los derechos contractuales del ICBC al CRF.

Según dijo Khurshid, "el abandono en el último momento de las acusaciones de soborno es un reconocimiento tardío de que esas alegaciones extremadamente graves" contra Gordhandas y Don Stevenson, empleados de CRF I, "no tenían fundamento".

El abogado también sostuvo que esta estrategia, junto con el encarcelamiento de la directiva del BNC involucrada en la asignación de la deuda, demuestran que las autoridades cubanas "han estado dispuestas a fabricar pretextos, independientemente de las consecuencias, para tratar de evitar sus obligaciones con CRF".

Emigrados cubanos han protestado ante la sede de la corte de justicia donde tiene lugar el juicio, el primero al que es sometido el régimen cubano por un reclamo de esta naturaleza, y que ha alcanzado una inédita repercusión mediática.

Según el medio Americano Media, con reporteros en el lugar, y los perfiles de varios de los activistas presentes, los funcionarios del régimen en el proceso llaman a la Policía a la hora de abandonar el edificio para que sus agentes acordonen la calle y eviten que los manifestantes se aproximen a ellos. También se niegan a ofrecer declaraciones.