Human Rights Watch presentó el informe que detalla los abusos sistemáticos de la dictadura cubana contra manifestantes pacíficos
Infobae
19 de octubre de 2021

 
Human Rigths Watch denuncia la brutal represión contra presos del 11J en Cuba - Am. TeVé

La ONG documentó violaciones de derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas luego de las históricas protestas de julio

La dictadura cubana ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021, reportó este lunes la ONG Human Rights Watch. Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

El 11 de julio, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas en protesta por las violaciones de derechos humanos que sufren hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa. Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”.

Human Rights Watch ha documentado en detalle violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, maltratos y procesos penales abusivos, contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un “municipio especial”. Entre julio y octubre, Human Rights Watch entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.

Los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, que en Cuba se conocen como “seguridad del Estado”, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”.

Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicados en varias golpizas. Jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.

El 11 de julio, cuando empezaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia. “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó. “La orden de combate está dada”. Varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales. El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse.

Human Rights Watch determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones. Más de 1.000 personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda. Nadie ha sido juzgado por su muerte.

La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria y vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país. En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas.

En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.

La mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos y reiterados, a veces en medio de la noche, en los cuales a menudo se les preguntó por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se los amenazó con largas penas de prisión.

Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años, contó que fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó caminando por un lugar donde había una manifestación el 11 de julio. Dijo que, una vez detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago. Una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo. Unos días después, un agente varón la amenazó con llevarla junto con dos hombres a la zona que se conoce como “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Varias veces, los agentes la despertaron durante la noche para interrogarla, contó Zequeira, y le preguntaron por qué había protestado y quien la “financiaba”.

El 22 de julio, Zequeira Hernández fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria. Zequeira y su familia indicaron que no pudieron obtener copias de las sentencias.

Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. Los casos positivos confirmados de Covid-19 alcanzaron algunos de los niveles más elevados en Cuba en julio y agosto. Varios manifestantes parecen haber contraído el virus en detención.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los manifestantes fueron juzgados de forma grupal, con frecuencia de a más de 10 personas, en audiencias celebradas mayormente a puerta cerrada, en las cuales los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo. Los agentes habitualmente tardaron varios días en comunicar a los detenidos cuáles eran los motivos del arresto. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos pocos minutos antes del juicio.

El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, según comprobó Human Rights Watch.

 José Miguel Vivanco Human Rights Watch algunas horas antes de lanzamiento oficial del informe sobre Cuba
Por Grupo Formula el 19 de octubre de 2021

En entrevista exclusiva con Ciro Gómez Leyva por la mañana, el director para las Americas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que al menos mil personas fueron detenidas durante la manifestación del pasado 11 de junio 2021 en Cuba.

 La golpeaban cada vez que se negaba a gritar “¡Viva Fidel!”: los desgarradores relatos de los detenidos en Cuba
Infobae
19 de octubre de 2021

Hoy por la mañana la ONG Human Rights Watch, dedicada a la investigación, defensa y promoción de los Derechos Humanos, presentó un informe en el que se detallan los abusos sistemáticos de la dictadura cubana contra quienes se manifiestan en contra de la vida en la isla. En él se documentaron violaciones a los Derechos Humanos contra 130 víctimas, que fueron detenidas luego de las históricas protestas del 11 de julio.

“El gobierno cubano ha llevado a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, maltratos contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas abrumadoramente pacíficas de julio de 2021″, comienza el informe. “Los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta”.

Horas antes de que saliera a la luz el documento de HRW, el diario The Washington Post publicó un reportaje sobre la represión de las autoridades el 11 de julio y sobre el estado de detención de quienes están privados de su libertad. Allí recoge testimonios de las víctimas que muestran no sólo las condiciones paupérrimas de su encarcelamiento sino también el carácter sistémico de esta manera de actuar por parte del régimen, repitiéndose las mismas prácticas en muchos casos en distintos centros de detención.

El primer caso del que se hace eco el medio periodístico es el de Michel Parra, un trabajador de la salud de 20 años de edad. Para Parra, tanto por su corta edad como por la activa supresión del derecho a protestar que existe en la isla, el 11J fue la primera vez que participó de una manifestación. “Por primera vez en mi vida, estaba marchando”, le dijo al diario norteamericano.

Pero su emoción y su participación en la marcha no duraron demasiado. En el medio de la manifestación en la ciudad de Matanzas en la que se encontraban aparecieron unos hombres vestidos de civil que se lo llevaron a él y a su hermana. Fueron trasladados a un centro de detención y allí Parra fue llevado a un cuarto de interrogatorio. “Estaban gritando, diciendo que me dispararían a mí y a mi familia”, declaró. “Les rogué que se detuvieran mientras seguían llamándome gusano” -el término gusano es utilizado por los oficiales del Estado para referirse a los cubanos anticomunistas.

“Me dieron un golpe que me hizo caer al suelo”, relató. “Me pegaron patadas por todo el cuerpo. No pararon. Me golpearon en las manos y las rodillas con una porra. A mí se me hizo eterno, aunque quizá sólo fueron 60 segundos. Lo que sé es que sentí dolor durante 20 días seguidos”.

El caso de Michel es uno entre cientos. Luego del 11J se registraron más de 1000 detenciones por parte de las fuerzas de seguridad a ciudadanos que habían participado de las marchas. Al día de hoy continúan recluidas cerca de 500 personas, según la organización cubana de Derechos Humanos Cubalex, entre ellos muchos menores de edad.

Otro caso sobre el que pudo profundizar el Washington Post es el del periodista Orelvys Cabrera. Luego de ser detenido por cubrir las manifestaciones, fue obligado a desnudarse mientras lo interrogaban. “Me sentí violado”, afirmó. Según cuenta, fue reprendido durante horas con historias gloriosas de la Cuba comunista y de su difunto fundador, Fidel Castro. Luego fue puesto en una celda junto con otros siete reclusos.

“Dormí en el suelo durante 33 días. Nos alimentaban con arroz con tierra y sopa con grasa. Los desayunos eran sólo una rebanada de pan”, declaró. Además, dijo que la forma que tenían los detenidos de resistir era cantando estrofas de la canción “Patria y Vida”, que ya se volvió un símbolo de las protestas en contra de la dictadura. Cabrera fue puesto en prisión domiciliaria luego de pagar una fianza de 40 dólares -el salario mensual promedio de Cuba es, justamente, casi 40 dólares.

Otro caso es el de Maria Cristina Garrido. La ciudadana de 39 años fue detenida junto a su hermana la mañana de las protestas. Su marido, Michael Valladares, cuenta que según testigos la policía las golpeó mientras las arrestaba. Recién le permitieron ver a su esposa 18 días después. Según le describió ella, fue arrojada a una “celda de castigo” con excremento en el piso luego de negarse a gritar “¡Viva Fidel!”. “Cada vez que se negaba, me dijo, una soldado la golpeaba tan fuerte que se orinaba encima”.

Ahora el foco está puesto en las manifestaciones planeadas para el 15 de noviembre, aunque la dictadura de Díaz-Canel anunció que no iba a permitir que estas se lleven a cabo aduciendo que los organizadores están vinculados con “organizaciones o agencias subversivas financiadas por el gobierno de los Estados Unidos”. Esto, sumado al temor a las detenciones en masa, puede hacer que la participación no sea tan elevada como se espera.

“Algunos acudiremos a pesar de la campaña de intimidación contra nosotros, pero no creo que sea como el 11 de julio”, dijo Manuel Cuesta Morúa, un activista de 58 años detenido la noche del 11 de julio. Si bien fue liberado, continúa bajo observación regular por parte de agentes de seguridad. “Los que saldrán serán menos, tal vez cientos, por miedo a la represión”, dijo. “¿Si creo que nos van a volver a detener? Si”.

El 15 de noviembre es el dia que Cuba reabre sus puertas al turismo internacional. Es por esto que los ciudadanos tienen la pequeña esperanza de que el régimen controle, en parte por lo menos, sus instintos represivos para evitar mostrar una mala imagen ante la comunidad internacional que podría complicar la tan ansiada llegada de dólares a la isla.