Cuba: un régimen represivo y un sistema judicial deformado
Por ROBERTO JESUS QUIÑONES HACES
Cubanet
23 de julio de 2021

Si nos guiamos por lo que afirma la prensa oficialista cubana, desde 1959 hasta hoy jamás ha habido en nuestro país una persona desaparecida, nadie ha sido torturado en una unidad de la policía ni golpeado por las fuerzas del orden

LA HABANA, Cuba. — Si nos guiamos por lo que afirma la prensa oficialista cubana, desde 1959 hasta hoy jamás ha habido en nuestro país una persona desaparecida, nadie ha sido torturado en una unidad de la policía ni golpeado por las fuerzas del orden y a todos los detenidos se les respetan sus derechos humanos, son procesados y juzgados en estricto apego al debido proceso.

Pero quienes hemos ejercido la abogacía en Cuba y hemos estado presos conocemos otra realidad bien diferente. La carencia de tribunales independientes es un reclamo que desprestigia a la administración cubana de justicia, aunque persista  la tendencia de los medios oficialistas de presentarnos al Estado como un ente respetuoso de la ley y de los derechos de los ciudadanos, así quedó expuesto nuevamente en el programa Hacemos Cuba transmitido el pasado martes 22 de julio por Cubavisión.

El programa —uno de los más vergonzosos de la televisión, dirigido y conducido por el señor Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista que golpeó recientemente a una mujer en la vía pública y continúa en libertad por ello aunque la mujer está presa— pretendió presentarnos a las autoridades policiales y judiciales cubanas como estrictas cumplidoras de su deber, incapaces de cometer errores y a Cuba como un idílico Estado de derecho.

Al programa fueron invitados el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT), y José  Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Supervisión de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes afirmaron categóricamente que ninguno de los manifestantes del 11 de julio y de las jornadas posteriores está desaparecido, mucho menos torturado.

Pero al parecer no se pusieron bien de acuerdo antes de comenzar el programa. En su intervención, el coronel afirmó que en cuanto una persona es detenida se le facilita llamar por teléfono a sus familiares o lo hacen las autoridades de la unidad. Si eso se cumpliera siempre, ¿por qué tantas madres han ido a la FGR a preguntar sobre el paradero de sus hijos, como reconoció el fiscal? ¿Por qué tantos familiares han ido a las unidades de la policía pidiendo información?

Otro error más burdo fue apreciado. Presentaron varias listas donde aparecían los nombres de los detenidos, algunos con un asterisco encima que alertaba que permanecía incomunicado. Pero la Ley de Procedimiento Penal establece claramente que a partir del octavo día de detención, cuando un ciudadano sea asegurado con una medida cautelar de prisión provisional, ya es parte del proceso y puede proponer pruebas. ¿Cómo se explica entonces que once días después de haber sido detenidos muchos de ellos no han tenido contacto con sus familiares ni con su defensor? La respuesta es simple: esos detenidos fueron golpeados y los mantienen incomunicados para que no se puedan constatar las pruebas de las torturas recibidas, un procedimiento habitual de la policía castrista.

La manipulación de Hacemos Cuba

En el programa de marras no se hizo mención de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, que define como tortura “todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otros”.

Por estos días han sido divulgados videos que prueban hasta la saciedad la magnitud de la represión ejercida contra los manifestantes mediante golpizas ejecutadas por la policía, tropas especiales del MININT y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil. Algunos comunistas usaron palos y bates de aluminio para golpear, de hecho lo hicieron instigados por el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esas acciones constituyen actos de tortura. Si eso ocurrió en plena calle, ¿qué no habrá ocurrido en los centros de detención?

Según el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, se infiere que un ciudadano está desaparecido cuando después de haber sido detenido por una autoridad se desconoce su paradero. Eso es lo que ha ocurrido en muchos de esos casos, por eso se habla correctamente, en plena técnica jurídica, de cientos de desaparecidos. Téngase en cuenta que la mayoría fue detenida violentamente sin orden de detención.

De acuerdo con los comparecientes en el programa, el Estado que sea parte de ese documento —Cuba lo es—debe garantizar que toda persona privada de libertad sea autorizada a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita. Los comparecientes argumentaron que ese derecho se cumple de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley cubana, pero el Principio 3 dispone diáfanamente que “no se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas detenidas o presas”.

Desde el lunes 12 de julio los medios oficialistas comenzaron su arremetida contra los manifestantes demonizándolos con los calificativos de “vándalos”,  “traidores”,  “contrarrevolucionarios”, “agentes del imperio” y “mercenarios”, obviando que ejercían un derecho constitucional, e instan a que caiga sobre ellos fuertes sanciones. Indudablemente se pretende crear una corriente de opinión que concluya que el Estado actuó correctamente.

Como certeramente afirmó el jurista brasileño Rubens R. R. Casara en su obra Estado posdemocrático. Neoliberalismo y gestión de los indeseables, “esas anticipaciones de sentencias condenatorias, a satisfacción de los medios masivos de comunicación, comprometen la imparcialidad y tornan ilegítimo el resultado del proceso, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Se trata de un libro que todo juez cubano debería leer y luego actuar en consecuencia. Pero en Cuba los jueces no leen mucho, pues para ser juez solo se requiere la habilidad suficiente para quedar bien con el Partido Comunista.