Cuba en Plural: Cuba está amenazada en su seguridad nacional.
La economía y el discurso del poder han perdido ya todo vínculo de consenso con la población.
Declaración Cuba En Plural
(enlace tomado de Cubanet) 
La Habana, 5 de mayo de 2021

Cuba está amenazada en su seguridad nacional. Esta amenaza no es externa, es interna. No proviene de la sociedad; viene desde el Estado. Desde este se insiste en una interpretación ideológica de la nación y de la sociedad cubanas, poniendo en peligro no solo nuestra continuidad como espacio nacional, sino la viabilidad de Cuba como unidad económica y los sentidos de pertenencia de amplios sectores sociales. La posibilidad de una implosión demográfica está a las puertas. 

La economía y el discurso del poder han perdido ya todo vínculo de consenso con la población, en una dimensión cultural y social, y solo mantienen un consenso coactivo mediante la maquinaria coercitiva del partido-Estado y el modelo extractivo que han puesto en práctica: a través de la policía nacional, los órganos de seguridad y la burocracia técnico-administrativa, cada vez más incompetentes, y de las remesas que proceden del exterior.

Las huelgas de hambre y de sed sucesivas de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro (MSI), son las señales en el límite de esta ruptura política entre un partido-Estado cada vez más aislado en su propio búnker y una nación-sociedad librada a su supervivencia, aunque cada vez más autónoma. 

Cuba En Plural, no identificada con la huelga de hambre y de sed como herramienta cívica y política, ha respetado siempre a, y apoyado las demandas de quienes han optado por este recurso supremo de afirmación de los derechos y de la dignidad, frente al despotismo y al vacío humanista de un supuesto humanismo revolucionario que solo concibe a los cubanos como un cuerpo permanentemente hospitalizado.  La visión estrecha de Cuba como Isla-hospital y como excelencia en la pedagogía doctrinaria se ha agotado en dos resultados lógicos: el debilitamiento de su capacidad médica, y la quiebra de los valores culturalmente acumulados por la sociedad.

La UNPACU ofrece medicinas y alimentos; el MSI ofrece las pistas de un nuevo consenso cultural basado en la libertad. Que estas dos nuevas necesidades sociales tengan que reafirmarse con el sacrificio del cuerpo de sus líderes expresa otras dos rupturas: la del gobierno como servicio y la del gobierno regulado por y respetuoso de la ley.

Esta ruptura del discurso y la acción práctica del gobierno con el orden constitucional es una de las peores amenazas a la seguridad nacional que se vienen produciendo, al menos desde que entró en vigor la nueva Constitución el 10 de abril de 2019.  La guerra judicial desembozada, el asedio constante, el sitio policial a las casas, las detenciones arbitrarias, las limitaciones de movimiento, los públicos asesinatos a la reputación, el decomiso extrajudicial, las campañas de odio institucionalizadas y amparadas en el discurso revolucionario, y la instrumentación de matones para amedrentar al disenso político, todo en un despliegue abierto desde las instituciones del Estado y contra ciudadanos pacíficos, son inconstitucionales y contrarias al orden jurídico. Violan todos los derechos fundamentales recogidos, básicamente, en los artículos del 52 al 56 de la vigente Constitución. Lo que añade un peligroso y nuevo vacío de legitimidad a un gobierno que no surge de las urnas. No resulta conveniente alimentar la ilusión de que el control efectivo y real de las instituciones represivas del Estado implica su legitimidad política y su viabilidad estratégica. El éxito de poder no debe confundirse con el éxito de la nación.

La comunidad democrática internacional debería tomar más en serio los criterios de legitimidad democrática y de legitimidad de las reglas institucionales en su trato con Cuba y con el gobierno.  La sociedad cubana y sus ciudadanos actúan más en consonancia y respetan más el orden constitucional que las propias autoridades cubanas.

La Unión Europea y los Estados Unidos podrían alinear sus esfuerzos y estrategias detrás de una clara demanda y un calibrado condicionamiento al gobierno cubano para que respete su propio orden constitucional. La distinción política que este hace entre revolucionarios y no personas (contrarrevolucionarios, mercenarios, gusanos) destruye la base más legítima de ese orden, el ciudadano, y sustituye la legitimidad de los vínculos jurídicos entre ciudadanos y el Estado por el mero uso de la fuerza.
Hasta tanto no haya un compromiso definitorio y una actuación verificable por parte del gobierno en relación con su propio orden constitucional, la Unión Europea debería establecer una moratoria al Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, exceptuando las exigencias de la Covid-19. Hay una clara relación entre el irrespeto de la Constitución cubana y el irrespeto de importantes compromisos internacionales del gobierno.

Por otra parte, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían auspiciar una cumbre a un nivel diplomático apropiado, independientemente o en coordinación, con representantes de la sociedad civil y pro democrática cubana, antes de retomar o profundizar en el curso de una estrategia de deferencia diplomática con el gobierno cubano. Los desafíos locales a la democracia son un asunto global. 

La comunidad democrática internacional no debería, finalmente, dejarse intimidar por su apoyo a la comunidad cultural, cívica y pro democrática cubana. No solo porque es legítimo. Y no solo porque el gobierno cubano brinda y ha brindado, de hecho, su total apoyo y solidaridad a fuerzas sociales y políticas en otros países. También porque, constitucionalmente, legitima este tipo de acción exterior. El artículo 16, inciso g de la Constitución, que regula las relaciones internacionales del Estado, reconoce la defensa y protección de los derechos humanos al tiempo que repudia cualquier manifestación de racismo y discriminación.  Nada hay de ilegítimo, por consiguiente, en el apoyo a la sociedad cubana en sus genuinas aspiraciones democráticas. Para Cuba, la democracia y los derechos humanos son asuntos de seguridad nacional. 
 
Por Cuba En Plural

María Elena Mir Marrero                                                                          Zuleydis Pérez Velázquez
Red de Líderes y Lideresas Comunitarios
María Mercedes Benítez Rodríguez                                                   Dariem Columbié Grave de Peralta
Ciudadanos Observadores                                                                         Plataforma Otro18
de Procesos Electorales 
Manuel Cuesta Morúa                                                                        José Díaz Silva
Partido Arco Progresista                             Movimiento Opositores por una Nueva República