Exigen a adolescentes en Sancti Spíritus compartir datos de sus redes sociales
Por Claudia Padrón Cueto
Cubanet
10 de febrero de 2021

Una exigencia del DTI a las instituciones educacionales de Trinidad solicita a los estudiantes de enseñanza secundaria y media datos de sus redes sociales

 En el grupo privado de Facebook Trinitarios una usuaria identificada como Mercedes denunció que en las escuelas del municipio están pidiendo a los niños y adolescentes los datos relacionados con sus perfiles en redes sociales y telefonía móvil. Tal demanda la atribuyen como una exigencia del DTI a las instituciones educacionales.

En la publicación, otros usuarios corroboraron la orden y manifestaron su molestia. “Es cierto, a mí hija se lo pidieron”, escribió Jenny a lo cual otra madre ,Yuleydi añadió que en su caso pasó igual.

CubaNet confirmó la denuncia con otros cuatro familiares de estudiantes involucrados. Todos coincidieron que entre los datos que los chicos debieron compartir estaban: número de celular y el nombre del propietario de la línea, perfiles en redes sociales y grupos a los que pertenecen en Facebook, WhatsApp y canales de Telegram. A ninguna de estas familias se les informó o pidió consentimiento.

Las familias relatan que a mediados de la semana anterior, en varios centros educacionales de nivel secundario y medio de la localidad, los maestros pusieron frente a sus estudiantes una hoja en blanco para que estos llenaran los datos anteriormente descritos. Según dijo a CubaNet Margarita, la tía de uno de los adolescentes, unos días después en el preuniversitario urbano Eduardo García Delgado los profesores citaron a los padres porque algunos jóvenes habían brindado información falsa sobre sus perfiles. No estaban de acuerdo con facilitar los datos y mintieron. La exigencia de llevar el registro, expresaron entonces, provenía del DTI y no de la escuela. No debían resistirse.

Ante la pregunta de por qué quieren tener localizados los perfiles de cada uno de los muchachos y los grupos a los que pertenecen, Margarita especula que parece un “mecanismo de vigilancia para limitar lo que pueden compartir o hablar en redes”.

En 2017, un análisis de Amnistía Internacional sobre la censura en Cuba del espacio virtual y los mecanismos de control los calificó como una extensión de la vigilancia ciudadana que realizan en el mundo offline. El estudio agrega que saberse vigilado en Internet hace más probable la autocensura para consumir o compartir contenidos que puedan ser críticos sobre la gestión estatal. Este, para algunos de los familiares entrevistados, puede ser uno de los objetivos de la medida.

Varios estudiantes cubanos, fundamentalmente del nivel superior, han sido hostigados por sus publicaciones en redes críticas a la gestión estatal. En septiembre de 2020 el estudiante de Medicina José Carlos Santos fue expulsado de la carrera tras un intercambio online que sostuvo con un directivo empresarial de la provincia de Artemisa. El joven, de 23 años, fue separado de la universidad por responderle a un funcionario del Mariel cuando este llamó “gusanos” a los cubanos emigrados. ¿Con esta medida de vigilancia busca un funcionario local entusiasta evitar la libre expresión de los adolescentes?

Para Margarita también resulta preocupante que deseen conocer a nombre de quién está la línea móvil que usan los menores de edad. “Puede ser un pretexto para presionar a los padres por permitir a los chicos el acceso a redes”.

Desde los mismos inicios, Internet nunca se concibió como un espacio libre en Cuba para ninguna edad. En 1996, cuando se reguló sobre el ciberespacio por primera vez, las suspicacias políticas quedaban entre líneas. En esa fecha el Decreto-Ley 209 estableció que el acceso a las redes de información tendría un “carácter selectivo” y que la información que circulara por ella tendría que ser “fidedigna”, “en correspondencia con nuestros principios éticos” y que no podría “afectar los intereses ni la seguridad del país”.

En lo adelante las autoridades no solo fueron llamativamente morosas para conectar la Isla (apenas en 2015 apareció la conexión wifi en parques), sino que regularon de manera estricta el acceso a la red y la creación y consumo de contenidos.

Luego, con la conexión de datos en 2018, los cubanos, a pesar de los precios altos, comenzaron a navegar, consumir información independiente, expresarse con menos restricciones en sus redes y a promover iniciativas ciudadanas desde el espacio virtual. Según el gobierno cubano, en la isla hay 7.1 millones de ciudadanos con acceso a internet, lo que representa un 63 por ciento de la población. Unos 3.4 millones tienen datos móviles y más de seis millones tienen líneas de telefonía celular activas.

Y este es un escenario que evidentemente preocupa al régimen de la isla. Justo 11 días después que la conexión por datos móviles fue posible, el presidente cubano había firmado el Decreto-Ley 370, que criminaliza los contenidos que se comparten en redes sociales. Además de las multas y decomisos del 370, no ha cesado el bloqueo de plataformas informativas o páginas de organizaciones opositoras. A los activistas se les corta el servicio de modo selectivo en fechas específicas, y el 27 de noviembre de 2020 demostraron que pueden apagar el internet en Cuba. En medio de este contexto, que se intente mantener en la mira las redes de los adolescentes no resulta descabellado.

Otra madre de un adolescente que cursa estudios en la secundaria Carlos Echenagusia Peña de Trinidad, y que pide se resguarde su identidad, sostiene su indignación ante lo sucedido.

“Nosotros como padres tenemos la obligación de velar lo que nuestros hijos hacen en sus cuentas, pero solo nosotros. Nadie tiene el derecho de invadir la privacidad de ellos”. La madre asegura que nadie le contactó o le informó de antemano. “Son menores de edad y deben contar en la escuela con sus familias antes de pedirle ese tipo de información. Siento que abusaron de su inexperiencia y miedo.”