'Este podría ser el comienzo concreto de una relación entre la UE y la sociedad civil cubana'
Diario de Cuba
4 de febrero de 2020

Participantes en el encuentro entre activistas cubanos y el Parlamento Europeo ofrecen sus impresiones a DIARIO DE CUBA.

"Este podría ser el comienzo concreto de una relación entre la Unión Europea y la sociedad civil cubana", aseguró Erik Jennische, director de programas para América Latina de la organización Civil Rights Defenders (CRD), tras la celebración en la sede del Parlamento Europeo del encuentro "Cartas de la sociedad civil cubana para la Unión Europea".

La reunión, a la que el régimen cubano impidió la asistencia de cinco activistas residentes en la Isla, permitió no obstante presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que elaborara CRD.

"Va a ser interesante ver si la Comisión Europea responde a estas propuestas", aseguró a DIARIO DE CUBA Jennische. "La idea nuestra y de los compañeros cubanos que contribuyeron al informe es ofrecer el inicio de un diálogo entre la UE y la sociedad civil independiente para promover la democracia en la Isla."

"Con este informe queremos iniciar una discusión, pues contiene miles de propuestas, divergentes, contradictorias, desde la alta política hasta cuestiones muy concretas, pero funciona como el inicio de una discusión. La UE tiene la posibilidad de responder. Con el tiempo encontraremos la política", aseguró

Para Jennische, que el régimen no dejara salir del país a los cinco activistas invitados a la reunión debería tener como consecuencia que la UE formalice rápidamente su relación con la sociedad civil cubana dentro de Cuba. "La delegación de la UE en La Habana puede invitar formal y abiertamente a las organizaciónes cubanas que contribuyeron a nuestro informe a un encuentro", dijo.

En esa dirección, Rosa María Payá, promotora del proyecto Cuba Decide, tras intervenir en el encuentro dijo a DDC que impedir la salida de los activistas de la sociedad civil independiente "es una demostración muy gráfica del tipo de diálogo que la dictadura quiere con la UE, uno donde el mensaje de la ciudadanía cubana quede excluido, como lo es desde hace tres años."

"Nuestra solicitud a cada miembro del Parlamento Europeo es que pidan la cancelación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación a menos que el régimen inicie un proceso que cumpla con la liberación de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos cubanos, así como detenga la represión; retiren a sus agentes de influencia de todo el mundo, en especial de América Latina, y cesen su injerencia allí, especialmente en Venezuela; y que se garanticen los derechos humanos del pueblo cubano."

Payá insistió en que deben iniciarse los "cambios políticos necesarios para que en Cuba se realicen elecciones libres, justas y plurales, teniendo en cuenta la voluntad soberana de la ciudadanía", de acuerdo con la propuesta de Cuba Decide, que solicita la realización de un plebiscito vinculante con ese fin.

La opositora recordó que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que Europa firmó con el Gobierno de Cuba, y que está pendiente de ratificación, ha servido para "legitimar a un régimen que los cubanos no votaron". El Gobierno cubano viola ese pacto al irrespetar los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, entre otros principios reconocidos en la Carta Universal de los DDHH de las Naciones Unidas, aseguró Payá.

"El Acuerdo dice muy claramente en su artículo 85 que la violación de uno de esos elementos esenciales por una de las partes es una infracción importante por la que la otra podría suspenderlo. Los requisitos técnicos existen para llamar a una reunión urgente y poner un límite de tiempo para que el régimen cubano haga los cambios necesarios o se abandone el Acuerdo", recordó.

Por su parte, Laritza Diversent, directora del independiente Centro de Información Legal Cubalex, hizo varias recomendaciones a la UE.

Entre ellas, llamó a atender las recomendaciones que emerjan de las relatorías especiales sobre los delitos de tortura vinculados a la detención de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien está detenido desde el 1 de octubre pasado. Sobre ese caso, una resolución aprobada en noviembre de 2019 por el Europarlamento condenó a La Habana y pidió al organismo tomar la iniciativa en ese sentido, además de exigir atender las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen cubano.

También Diversent recomendó a la UE que, en su diálogo con el Estado cubano, "ejerza la observación electoral de las elecciones de 2023, para que puedan comprobar las prohibiciones del Gobierno a la realización de campañas electorales por parte de ciudadanos cubanos con aspiraciones a ocupar un cargo, ya que estos no tienen la posibilidad de presentarse de manera directa e independiente a cargos de elección nacional."

Asimismo, sugirió "capacitar a los funcionarios del órgano electoral que crea la nueva Constitución, dado que los actuales son designados por un órgano político que contempla a todos los poderes del Estado, a que esos funcionarios no tiene impedimento para ocupar cargos dentro del Partido Comunista, ni tampoco para ser militares en activo. Todo ello afecta la independencia del órgano electoral cubano", por lo que la UE podría enseñar buenas prácticas en cuanto a independencia y transparencia del sistema electoral.

Recomendó además auditar el sistema electoral de la Isla, advirtiéndole que está "controlado por el Ministerio del Interior, una institución militar subordinada al PCC". En ese sentido, pidió hacer recomendaciones para que se cumpla el inciso F, apartado 2 del articulo 23 del Acuerdo, que pone como objetivo lograr procesos políticos, incluidos los electorales, más inclusivos y donde puedan participar realmente todos los ciudadanos.

Diversent recordó que "las organizaciones no registradas no pueden acceder a recursos de la UE, lo que obliga a los grupos dentro de Cuba a solicitarlos a organizaciones de EEUU, lo que las coloca en una situación comprometida, que facilita el aislamiento internacional de esos grupos" y permite que "sobre ellos penda la amenaza de la Ley Mordaza", que usa el Gobierno como mecanismo de castigo contra cualquier organización o individuo crítico que reciba financiamiento externo.

"Revisar eso podría ser el inicio de una forma de acercamiento a la sociedad civil, que hasta ahora fue excluida del diálogo entre la UE y Cuba", advirtió.

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, suscrito en 2016 entre la Unión y y el régimen en Cuba, se aplica provisionalmente desde noviembre de 2017 y puso fin a dos décadas de la denominada “posición común” europea, que vinculaba todo avance en la relación bilateral a los progresos en democratización y derechos humanos en la Isla.