Presentan caso de José Daniel Ferrer ante la Corte Penal Internacional
Por Camila Acosta
Cubanet
31 de enero de 2020

El caso de José Daniel Ferrer no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una política del Estado, dijo el abogado

LA HABANA, Cuba.- El abogado cubano Faisel Iglesias presentó este jueves ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) prisionero desde el pasado mes de octubre.

En representación de su esposa Ismarays Nelva Ortega Tamayo y de sus hijos, el abogado detalló el ilegal proceso seguido a Ferrer en Cuba y, como tal, solicitó la apertura de una investigación sobre la veracidad de los hechos que se denuncian.

José Daniel Ferrer García fue detenido el primero de octubre de 2019, sin previa orden de un tribunal competente e independiente que garantizase un proceso justo e imparcial. La policía realizó igualmente un registro en su domicilio e incautó una serie de artículos sin una orden del tribunal. Ferrer García estuvo sometido a desaparición forzada por alrededor de un mes. Su esposa ha denunciado las torturas físicas y psicológicas a las que ha sido sometido desde entonces.

Los dos Habeas Corpus presentados fueron negados por las autoridades cubanas. No obstante, para Iglesias el proceso es ilegítimo, “no se justifica con los valores de las ciencias jurídicas, ni está en armonía con el discurso de la naturaleza. Se violentó el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, pues la Constitución de Cuba no está fundamentada en los valores y doctrinas de nuestro tiempo”.

Para este abogado, el caso de José Daniel Ferrer no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una política del Estado, encaminada a “convertir al hombre en un instrumento del Partido Comunista, el cual se fundamenta en una ideología, el marxismo-leninismo, que cree que a su luz se debe organizar el mundo”.

“En Cuba el poder judicial no es independiente ‒explica Faisel Iglesias‒ ni Cuba es un estado de derecho de conformidad con las ciencias jurídicas modernas. Un estado de derecho requiere como requisitos: división de poderes (que lo impide la propia Constitución Cubana en su artículo 5) y una constitución como ley suprema del Estado. Y Cuba es un país sin Constitución”.

De igual modo, denuncia la imposibilidad de los ciudadanos cubanos de disponer de la asistencia de un abogado independiente y de su elección, porque el régimen solo permite el ejercicio de la abogacía a letrados miembros de los Bufetes Colectivos, organización subordinada a los lineamientos del Partido Comunista. Ello, a su vez, hace imposible la defensa de los acusados ante las arbitrariedades gubernamentales.

Aunque el abogado reconoce que es muy difícil que la Corte Penal Internacional acepte el caso de José Daniel Ferrer, declara que al menos permitirá extender la conciencia de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba.

“El derecho en Cuba fue anulado en 1959 ‒señala‒, se convirtió en un instrumento del poder, no de la justicia, por eso el pueblo no cree en el derecho. Esa situación tenemos que revertirla; hacer que las personas vuelvan a creer en la justicia”. Y para ello, el resultado de este caso es fundamental.