Así va el caso de José Daniel Ferrer: antecedentes y actualidad
Por Camila Acosta
Cubanet
18 de diciembre de 2019

Hasta el momento el régimen no ha presentado pruebas ni testigos, y los procedimientos utilizados han vulnerado sus propios preceptos penales

LA HABANA, Cuba.- A 75 días del arresto de José Daniel Ferrer disímiles han sido las reacciones que ha generado su caso a nivel internacional. Organizaciones como la OEA y el Parlamento Europeo se han pronunciado por su libertad. El régimen de La Habana incluso se ha visto en la obligación de hablar del tema en sus medios de prensa. A ello se ha unido la aparición de criterios que, si bien no son compatibles con la represión al líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), criminalizan tanto su conducta como su personalidad y, por tanto, se han unido a la campaña de desacreditación.

Los hechos

José Daniel Ferrer, Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga fueron apresados el primero de octubre último. Esa mañana agentes de la policía y de las fuerzas especiales asaltaron tres viviendas de la UNPACU que funcionaban como sedes principales de la agrupación. Una de ellas fue la vivienda de Ferrer, en donde se hallaban cuatro de sus hijos, menores de edad, y su esposa, con el bebé de 3 meses en brazos; todos vivieron el terror del registro, la incautación de bienes y la violencia con que lo arrestaban. El mayor de los hijos presentes, de apenas 16 años, permaneció detenido ese día por más de 5 horas.

Los oficiales además confiscaron todas las propiedades de valor de la vivienda, desde alimentos y equipos electrodomésticos, hasta documentos de la organización, memorias flash y celulares. No medió ninguna orden de registro o detención, tampoco dejaron inventario, ni posibilidad de reclamo de los bienes, como estipula la legislación cubana.

Desde entonces, Ferrer, González, Pupo y Zárraga han permanecido detenidos y prácticamente incomunicados.

¿Quién es José Daniel Ferrer?

José Daniel Ferrer García formó parte del Grupo de los 75 disidentes apresados durante la Primavera Negra de Cuba (PNC), en abril de 2003. Para entonces, dirigía el Movimiento Cristiano Liberación en las provincias orientales y estaba al frente de la Campaña a favor del Proyecto Varela en la misma región.

La PNC constituyó un hecho sin precedentes en el país. Ferrer García fue condenado a 25 años de prisión, acusado de realizar actos contra la protección de la independencia nacional, la economía y la integridad o estabilidad territorial del Estado Socialista cubano. Los cargos imputados se basaron en la Ley No. 88 de Protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, más conocida como Ley Mordaza. Fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional y, pasados 8 años, fue liberado en marzo de 2011, por licencia extrapenal “por motivos de salud”; aunque, el verdadero  motivo fue la presión internacional.

Sin embargo, su lucha no había acabado; con el objetivo de promover cambios democráticos y pacíficos en Cuba, en agosto del mismo año funda la UNPACU. Desde entonces, la organización ha protagonizado diversas iniciativas en todo el país.

Una de las acciones más recientes fue la llamada Marcha de los girasoles, desarrollada el 8 de septiembre del presente año. La marcha pretendía protestar contra la represión y las violaciones de derechos humanos de presos políticos y de opositores pacíficos cubanos. Más de cien activistas resultaron arrestados es día, entre ellos José Daniel Ferrer.

La UNPACU es el movimiento opositor con más presos de conciencia en las cárceles del régimen. Constantemente reciben amenazas de cárcel y en el último año han sido víctimas de más de 35 asaltos con robo a viviendas. Solo en el mes de septiembre denunciaron más de un centenar y medio de detenciones y golpizas.

Organizaciones como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura y Prisoners Defenders se han pronunciado al respecto en numerosas ocasiones.

Delitos imputados y derechos violentados

Tras 34 días incomunicado y desaparecido, José Daniel Ferrer pudo ver a su familia. Su esposa, Especialista en Medicina General Integral, describió posteriormente su situación:

“Había estado en huelga de hambre por 25 días (3 días en Instrucción Penal de Versalles y 22 aislado en una celda de castigo en la prisión de Aguadores) por lo que había perdido un peso corporal brutal, en buena medida pérdida de la vista (ausencia de espejuelos y la presencia de una mazmorra oscura), fuerza muscular (al estar encadenado de manos y pies) y de la voz (golpiza dada antes de ser liberado cuando la marcha de los girasoles), su cuerpo, sobretodo la espalda, llena de hematomas, marcas de golpes con bastones, quemaduras por fricción (por ser arrastrado por el penal). Víctima de amenazas, golpizas y torturas no solo por los oficiales carcelarios sino también de un delincuente común con un amplio historial criminal y agresivo llamado Israel Frómeta, al mando del Mayor Montoya. A expensas de contraer cualquier enfermedad respiratoria por estar semidesnudo en una celda fría y húmeda durante la noche; así como de Zika o Dengue por la cantidad de picaduras por mosquitos que presentaba. Con la Gastritis en crisis por no haber recibido una atención médica adecuada (solo una visita al hospital y un antiácido en la tarde del día 6 de noviembre)”.

Apenas cinco días antes de la visita, Ferrer había logrado hacer llegar una nota a sus familiares en la que exponía: “En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro.”

No fue hasta 39 días después del arresto que la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba entregó a los familiares de Ferrer en Auto. En él se resuelve imponer a José Daniel Ferrer, Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga, la medida cautelar de Prisión Provisional.

En el documento no constan pruebas ni testigos, salvo el acusador: Sergio García González, miembro de la UNPACU cuya esposa, Maribel Cabreja Leyva, había declarado públicamente el 4 de octubre —3 días antes de la supuesta imputación fiscal— que Sergio había tenido un accidente en motocicleta y que la Seguridad del Estado lo estaba presionando para que declarara que las heridas se las había causado Ferrer. No se hace alusión al testimonio de Cabreja, pese a que contradice frontalmente al único supuesto testigo.

Según Cuban Prisoners Defenders (CPD), la acusación “posee defectos de forma, y fondo, jurídicos y legales según la propia Ley de Procedimiento Penal de Cuba”; y, por tanto, no tiene validez alguna.

Por otro lado, la acusación fiscal fue emitida el 7 de octubre, 6 días después del arresto. El abogado de Cubalex Julio Ferrer Tamayo, en declaraciones anteriores a CubaNet, explicó que en el argumento usado por el Tribunal para rebatir la no presentación de una orden de detención existen enormes incongruencias, pues expresa que el expediente de fase preparatoria número 135, de 2019, fue iniciado el 3 de octubre de 2019, y en el mismo se dispuso la detención de José Daniel Ferrer el 1 de octubre de 2019. Es decir, dos días antes, contra toda lógica, “como si tuviesen la facultad de viajar en el tiempo”.

La UNPACU ha denunciado en varias ocasiones la intromisión de la Seguridad del Estado y las pésimas condiciones en que se hallan recluidos los activistas: “falta de higiene y agua potable, ratones y cucarachas cohabitan en las celdas, alimentación escasa, de mala calidad y mal elaborada, expuestos a constantes picaduras de mosquitos, atención médica insuficiente e interrogatorios sistemáticos en los cuales se les presiona para que firmen una falsa declaración”.

Asimismo, no han tenido acceso a un abogado, no se les ha permitido realizar siquiera una llamada telefónica y las visitas han sido escasas y cortas, de hasta 5 minutos. En el caso de Ferrer, hasta la fecha, su esposa solo ha podido verlo en dos ocasiones. De José Pupo no se han tenido noticias.

Por los 4 se ha presentado Habeas Corpus. Todos han sido negados. Julio Ferrer, quien elaboró el primer documento de petición de este recurso legal, declaró que la respuesta del Tribunal fue una contradicción: “es imposible emitir un fallo justo sin haber escuchado las dos partes, la negativa del Tribunal solo se basa en la información proporcionada por el órgano de instrucción”.

Según la respuesta de CPD a Cuba ante el Comité para las Desapariciones Forzadas, el 21 de noviembre último, el régimen cubano tenía dos opciones, liberarlos o ponerlos ante el juez. “El Habeas Corpus no permite otra salida cuando no hay un procedimiento en marcha debidamente comunicado. O una cosa, o la otra. ¿El resultado? Ninguna de las dos. Ni liberación, ni juicio, ni transparencia de la causa. Nada, incomunicación, extorsión, torturas, malos tratos, detención arbitraria ilimitada”.

Un segundo Habeas Corpus para él fue presentado este 13 de diciembre. En el documento, redactado por el abogado Faisel Iglesias, asesor jurídico de la UNPACU, se solicita que se decrete con inmediatez la libertad de José Daniel Ferrer García, “por estar privado de libertad arbitrariamente y se restauren sus derechos fundamentales; se le devuelvan los bienes de los que ha sido despojado ilegalmente, así como se revise y se actualice la legislación vigente en Cuba a los fines de que los ciudadanos cubanos, que deben ser valorados en lo que son, los verdaderos soberanos del país, la primera y última fuente de poder, se eleve la Constitución Cubana a Ley Suprema del Estado, se consagre la institución del Habeas Corpus, como una institución en armonía con los valores de las ciencias jurídicas de nuestra Era, que proteja a la ciudadanía de arrestos, registro e incautación arbitrarios, de juicios sin el debido proceso de ley, de tratos crueles y degradantes, y se restablezcan los derechos fundamentales del detenido y de los ciudadanos”.

Esto no es más que un montaje

En Cuba no existen presos políticos. Al menos no aparentemente. Es decir, existen unos 127 presos considerados como de conciencia, pero sus condenas son por delitos comunes, algunos de los cuales solo existen en Cuba, como los denominados antisociales o los relacionados con actos que amenazan la integridad o estabilidad territorial del Estado Socialista cubano, entre los que engloban a todos los disidentes.

Ahora, todos los delitos comunes —por los que han sido enjuiciados los prisioneros de conciencia— han sido fabricados por la Seguridad del Estado y las penas impuestas exceden las establecidas para esos procesos. Baste mencionar el caso del escritor Ángel Santiesteban, condenado en 2013 a 5 años de privación de libertad por agresión y violación de domicilio. Según el código penal cubano, en estos casos la sanción va desde una multa hasta un año de privación de libertad.

Para nadie es un secreto que la Seguridad del Estado se ha especializado en montajes de este tipo y los ha materializado en los últimos 60 años. Un aspecto importante de estas fabricaciones lo constituyen las campañas de desacreditación. El 28 de noviembre, justo el día antes de la votación en el Parlamento Europeo sobre el caso de José Daniel Ferrer, la Televisión Cubana transmitió un reportaje en donde pretendieron mostrar a Ferrer como un individuo violento y criminal. Pocos días antes, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó un artículo similar.

El video no guarda relación alguna con el crimen que se le imputa al detenido; terminó siendo un ataque a su persona y al hecho de ser opositor, lo cual devela las reales intenciones de su detención: sacarlo del activismo político. Para el abogado Faisel Iglesias, constituye “una prueba inadmisible en cualquier sistema jurídico del mundo que respete la dignidad humana y los valores de las ciencias jurídicas (…) Este evento, por sí solo, es una evidencia de que en Cuba a José Daniel Ferrer no se le está garantizando un debido proceso, y en consecuencia no tendrá un juicio justo e imparcial”.