Abogados independientes piden la derogación del decreto que legaliza la vigilancia electrónica en Cuba Por WALDO FERNÁNDEZ CUENCA Diario de Cuba 29 de noviembre de 2019
Es 'una violación flagrante a los derechos humanos de los cubanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad'.
Los abogados independientes Julio Ferrer Tamayo y Edilio Hernández Herrera entregaron el jueves una petición formal a la Asamblea Nacional del Poder Popular donde solicitan a este órgano legislativo la "no ratificación y revocación total"del recién promulgado Decreto 389, el cual legaliza la vigilancia electrónica sobre los ciudadanos cubanos.
"Consideramos que este decreto es una violación flagrante a los derechos humanos de los cubanos, en especial el derecho a la privacidad y la intimidad. Con él se legaliza lo que los órganos de seguridad y control en nuestro país venían haciendo desde hacía mucho tiempo. Esta nueva ley no se ajusta a lo estipulado en los convenios internacionales en materia de lucha contra el delito y las técnicas especiales y excepcionales que se utilizan para combatirlos", explicó a DIARIO DE CUBA el abogado Julio Ferrer.
En el escrito que acompaña esta solicitud los juristas exponen que dicha ley "legitima y legaliza la inobservancia de las normas y reglas del debido proceso, al vulnerar la equidad entre las partes en el proceso penal y franquea la posibilidad a una parte el fiscal atropelle a la otra (...) sin límite alguno" sentencian.
Aunque el decreto expone que se establece con el objetivo de atemperar las leyes nacionales a las internacionales, su texto no especifica a qué convenio supranacional dice ajustarse.
Para los juristas, esta nueva disposición no se ajusta al Manual de Técnicas Especiales de Investigación, Agente Encubierto y Entrega Vigilada emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ya que dicho manual especifica que estos métodos de investigación solo se utilizarán de modo excepcional, algo que no aclara ni menciona el decreto del Gobierno cubano.
"La total ausencia de supervisión judicial y las facultades de discrecionalidad de los agentes del estado durante la fase preparatoria al juicio, favorecen la arbitrariedad en el uso de esas técnicas especiales de investigación frente a la ausencia total de recursos legales efectivos por parte de los ciudadanos para protegerse contra invasiones arbitrarias de privacidad", exponen en su documento estos juristas.
El pasado 18 de noviembre entró en vigor el Decreto 389 que entiende la vigilancia electrónica como un método eficaz y necesario de investigación para la prevención de delitos de carácter internacional como el lavado de activos, el terrorismo y el comercio de estupefacientes.
Para ello esta disposición legal se refiere a técnicas especiales como "la investigación encubierta, el colaborador eficaz y las entregas vigiladas" como vías para obtener información en la lucha contra estos delitos y da vía libre a fiscales y a los órganos de investigación internos para espiar y vigilar las comunicaciones de cualquier ciudadano sin orden judicial previa.
El Gobierno, que califica a sus opositores de "mercenarios al servicio de Estados Unidos" y con frecuencia los acusa de apoyar supuestos actos terroristas contra Cuba, ha aplicado esta vigilancia a disidentes en el pasado, y rutinariamente interviene las comunicaciones telefónicas, de correo electrónico y postal. Ahora con respaldo legal, lo puede seguir haciendo bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos.
Como es costumbre, la Asamblea Nacional no tiene un plazo determinado para dar respuesta a la solicitud de estos abogados ni a ninguna petición de esta naturaleza, donde se pide la derogación de una ley emitida por el Consejo de Estado.
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