Raza e igualdad: un informe sobre las condenas premeditadas
Por María Matienzo Puerto
Cubanet
13 de septiembre de 2019
Detenida la líder de las Damas de Blanco Berta Soler.
El documento enfatiza en dos de las organizaciones contra las que el régimen ha concentrado su violencia: UNPACU y las Damas de Blanco
LA HABANA, Cuba. – “Tenemos que reescribir el informe”, dijo Carlos Quesada, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos a Caitlin Kelhy, la autora principal, durante la presentación en el Diálogo Interamericano del informe “Condenas premeditadas: análisis de la situación de la administración de justicia en Cuba”.
La primera versión no salió publicada, pero la que se puede encontrar en el sitio Race and Equality es un análisis comparativo entre las leyes y las constituciones, las estructuras de poder, como los CDR o las cárceles cubanas, y la represión que sufren activistas, artistas y periodistas independientes y opositores.
La reescritura del informe sirvió para que hubiese una actualización de los “casos paradigmáticos” y apareciera el periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, quien hace aproximadamente un mes ha sido enjuiciado y condenado a un año de cárcel por ejercer su profesión.
El informe, de 134 páginas, hace un aparte en las dos organizaciones contra las que el gobierno ha concentrado más su violencia: UNPACU y las Damas de Blanco. Pero también describe el caso de José Rolando Cásares, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que permanece en prisión cumpliendo una condena de 5 años.
Además, el informe recoge los testimonios de la activista Gisela Padin Perera y del abogado independiente José Ernesto Morales Estrada, sobre los que pesa una vigilancia constante.
El caso del Dr. Eduardo Cardet Concepción, del Movimiento Cristiano Liberación, es uno de los más analizados. El doctor Cardet se encuentra en libertad condicional después de haber sido encarcelado a finales de 2016. Fue golpeado y humillado en prisión y le impiden ejercer como médico por la influencia que pudieran tener sus ideas dentro de su comunidad.
Según el informe, el procedimiento represivo suele tener un patrón: golpizas, construcción de un delito común y encarcelamiento con tortura física y psicológica que llegan no solo a los encausados sino a sus familiares y amigos.
Para elaborar este informe se hizo un análisis profundo del Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y otras leyes pertinentes, en consulta con abogados cubanos de la sociedad civil independiente”.
“Además de las leyes cubanas, también se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los comentarios e informes de los distintos Órganos de tratados internacionales sobre Cuba, como los comités de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, los Mandatos de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y –a nivel regional– de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión Interamericana)”, se explica en el informe. Pero la Constitución de 1976, sus modificaciones, y la actual Constitución, han sido los documentos más citados.
La metodología seguida por Race and Equality indica que no se ha analizado la situación de los cubanos divorciada de un contexto mundial, aunque Caitlin Kelhy apunta hacia el artículo 8 que dice “(…) La Constitución de la República de Cuba prima sobre estos tratados internacionales”, despojando así a los ciudadanos cubanos de un marco más amplio de justicia y colocando a la carta magna en un limbo donde el Partido Comunista está por encima de lo que dicta como ley de leyes y los “principios revolucionarios” la aíslan del resto del mundo jurídico.
Lo que demuestra el informe es que la represión ha ido en aumento en Cuba pese al cambio de presidente y la reforma constitucional y de cómo cada una de las acciones que ha implementado el gobierno cubano ha ido encaminada a “mantener el control y silenciar a cada persona que lo amenaza”, puntualiza Kelhy.
En “Condenas premeditadas…” se cuenta de manera pormenorizada, pese a que la investigación debió de haber sido difícil por la poca transparencia del sistema de justicia cubana, los procedimientos judiciales y las farsas montadas para criminalizar a quienes se oponen abiertamente. Pero lo más importante del informe es que está montado sobre las historias personales de decenas de víctimas.
Los nombres de algunas de estas víctimas no tan conocidos, como los de Yoennis de Jesús Guerra, condenado a siete años de privación de libertad, o Raúl Velázquez, Eliecer Palma Pupo, José Antonio Herrera Torres, todos periodistas independientes desaparecidos por horas, hostigados o encarcelados.
Y nombres que ya se hacen imprescindibles por su constancia en la lucha contra lo que muchos se niegan a reconocer como una tiranía: José Daniel Ferrer, Bertha Soler, René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque, Laritza Diversent, Leticia Ramos, entre otros.
De antemano, se sabe que el informe de Raza e Igualdad será censurado e ignorado en Cuba. Sin embargo, por la rigurosidad con que han trabajado sus autores durante más de dos años, merece ser tenido en cuenta como parte de la historia que no aparecerá en los libros de texto mientras no haya democracia en Cuba.
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