'Queremos hacer ver que las empresas españolas son cómplices de La Habana en el trabajo esclavo'
Diario de Cuba
31 de mayo de 2019

Activistas cubanos ante la Audencia Nacional de Madrid. (CORTESÍA MUC)

La Mesa de Unidad Cubana (MUC) presentó este viernes ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España y el Congreso de los Diputados una denuncia contra las empresas españolas y europeas que, "en complicidad con la dictadura cubana, someten al trabajador cubano a un nuevo sistema esclavista en pleno siglo XXI".

Carlos Cano, secretario de la recién constituida plataforma cívica, conversó con DIARIO DE CUBA sobre la asociación y la iniciativa con la que "inician su recorrido" y pretenden visibilizar "la situación actual de la Isla, donde las empresas españolas no están llevando a cabo todas las recomendaciones que plantean la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OCDE".

La MUC ha trasladado un requerimiento a la presidenta de la Cámara española y sus principales grupos políticos para "que sepan que los convenios que tienen estas empresas con el Gobierno de Cuba son, desde un punto de vista, ilegales".

¿Cuándo se conforman como asociación? ¿Cuáles son sus características?

Nuestra asociación ha empezado su recorrido este año. Por el natalicio de José Martí nos reunimos varias personas que queríamos empezar a hacer una labor por Cuba. Elaboramos un acta fundacional para que se tramitara como una asociación sin ánimo de lucro, legalizada en España. La presentamos en febrero y hace unos pocos días aceptaron nuestra asociación, registrada correspondientemente.

La Mesa de Unidad Cubana no está afiliada a ningún partido político ni a ninguna ideología. Aquí queremos acoger a todas las ideologías posibles, políticas, religiosas, éticas. Es lo que queremos para Cuba, un sitio donde haya una democracia y donde se pueda debatir y llegar a consensos. Llegar a prosperar así, desde el respeto al ser humano.

¿Qué persigue esta primera demanda de forma específica? ¿Hace algún reclamo concreto a las empresas europeas presentes en Cuba?

En cualquier país tiene que haber un convenio tripartito tanto entre las partes contratantes como la contratada y el sindicato. En el caso de Cuba, el Gobierno utiliza un mecanismo intermediario. La empresa no puede contratar directamente como se hace en cualquier otro país.

En la Isla este intermediario es evidentemente una empresa del Estado. Se está violando además el principio que establece la OIT de que el trabajador contratado tenga una representación sindical que vele por sus intereses. Queremos que sea visible el hecho de que las empresas que invierten en la Isla aceptan estos términos.

Aceptan además no pagar directamente al trabajador cubano, sino a través de esta empresa. Esta empresa intermediaria es la que cobra el salario y finalmente le traslada al trabajador cubano entre el 5% y el 10% del total devengado por la empresa. Son trabajadores que están desprotegidos ante despidos.

Según la ley, esa empresa extranjera puede decidir en cualquier momento que no quiere más a un trabajador. La intermediaria se encarga de notificar el término de la relación contractual y ahí queda todo. El empleado puede protestar, pero la decisión del contratante es inapelable. Esto en derechos laborales es una aberración.

Son estas las condiciones que se están dando en Cuba y las que queremos que se tengan en cuenta, que se conozca lo que está sucediendo en la Isla. Cuando estas empresas aceptan este tipo de legalidad cubana, están contraviniendo todas las premisas de la OIT, la OCDE, la Comunidad Económica Europea, Naciones Unidas. Ahí es donde tiene que actuar la Cámara de Comercio de España y Europa, y en lo que queremos incidir.

Sabemos que es una batalla muy fuerte y que el poder político muchas veces tiembla frente al poder económico. Pero no podemos estar callados frente a lo que nosotros consideramos una aberración y una falta de humanidad.

¿Quién les lleva la parte de asesoría jurídica de esta demanda?

Somos una asociación muy pequeña, que acabamos de nacer. La parte jurídica la hemos aportado entre nosotros. Necesitamos que haya cubanos y españoles, necesitamos juristas. Pero por el momento lo hemos lanzado con nuestros conocimientos. Está claro que por ello se nos criticará, porque evidentemente no somos profesionales de estas cuestiones, pero en cualquier caso tenemos que dar pasos en esta dirección y empezar a sumar conciencias, poderes y logros, para entre todos organizarnos y llamar la atención de lo que está pasando en nuestro país.

Teniendo en cuenta esta falta de experticia jurídica, ¿no tienen temor que una demanda desestimada pueda beneficiar al Gobierno cubano?

Yo creo que no, porque hay procesos similares, denuncias que se han hecho mediáticas (…) ese impacto también es importante. Se trata de que la gente tenga conciencia de lo que consume. Si alguien va a Cuba, si va a un hotel cubano, que sepa que ese camarero, por poner un ejemplo, está siendo explotado.

No creo que le demos un crédito al Gobierno cubano con esto. En definitiva, también se le cierra el cerco. Ahora mismo la UNPACU ha hecho una denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Raúl Castro y Díaz-Canel. Eso de alguna manera viene a conectar con lo que nosotros estamos haciendo. Queremos que se empiece a ver que ese Gobierno cubano tiene cómplices en las empresas españolas para promover un trabajo esclavista. Que se empiece a relacionar, que tenga resonancia, que Europa lo conozca.

Estamos hablando como ciudadanos, desde el poder cívico que tenemos, lo transparentamos. No tiene que ser una basa menos, sino una basa más. Porque necesitamos unir (…) Ética y moralmente nadie nos puede rebatir que hay una falta de derechos en Cuba, y eso está por encima de los procesos legales que a nosotros se nos puedan escapar y que intentaremos que no sea así.

¿De ser aceptada a trámite la demanda en la Audiencia española, cuál serían los siguientes pasos?

Si finalmente la Fiscalía acepta la denuncia esto sería un paso formidable. Desde mi punto de vista soy consciente de que es muy difícil. Aunque estamos en un estado de derecho, evidentemente hay muchas cosas por hacer, sobre todo cuando el poder legislativo está muy pendiente del poder económico. Por tanto, los siguientes pasos serían ir al Defensor del Pueblo, acudir al Constitucional y posteriormente, a Bruselas.