La familia Sánchez Hill demandará a Meliá y Blau por tener negocios en sus terrenos en Cuba
Diario de Cuba
28 de abril de 2019

Una familia cubana residente en Estados Unidos cuya hacienda azucarera fue expropiada por el régimen de Cuba en 1960 prepara demandas contra las empresas españolas Meliá y Blau ante la justicia norteamericana por tráfico ilícito con propiedades confiscadas, después de que Donald Trump haya decidido que a partir del 2 de mayo expire un veto de la Casa Blanca contra ese tipo de demandas.

Los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Hill reclamarán a esas empresas españolas una compensación adecuada por la explotación de hoteles en un terreno de más de 40.000 hectáreas al norte de Holguín.

Se trata de los hoteles de Meliá Sol Río de Luna y Mares, y Paradisus Río de Oro, y los de la cadena Blau Costa Verde y Playa Costa Verde.

Los edificios son propiedad del Grupo Gaviota, que controlan los militares cubanos y pertenecen al conglomerado empresarial GAESA. Por ello el Gobierno norteamericano los ha incluido en una lista, actualizada en noviembre de 2018, de bienes sujetos a sanciones por ser instrumento de enriquecimiento del régimen castrista.

Las hoteleras españolas ofrecen sus servicios como intermediarios que pagan al Grupo Gaviota por el alquiler de las instalaciones. Los Sánchez Hill están investigando además si hay otras empresas españolas que operen total o parcialmente hoteles dentro de lo que fue su hacienda.

"Para nosotros poder ir a juicio ahora es una bendición del cielo porque va a hacer ya 60 años que nos robaron nuestras propiedades", explicó Jorge Latour Sánchez, que tuvo que abandonar Cuba con cinco hermanos, nietos del patriarca, tras la expropiación del régimen. A sus 84 años, Latour ha visto morir a tres de los hermanos con los que llegó a Florida. "Ellos no podrán ver cómo por fin se puede hacer justicia después de tantos años", dijo al diario español ABC.

Más de 100 descendientes del terrateniente Sánchez Hill viven hoy, la mayoría en Estados Unidos, otros en España. Entre todos crearon en 1996 una sociedad limitada en Florida para canalizar las indemnizaciones. Le dieron el mismo nombre de la hacienda azucarera que les fue robada: Central Santa Lucía. En lo que fue su tierra, de 57 kilómetros de costa, el Gobierno norteamericano ha identificado al menos once hoteles controlados por Gaviota, además del embarcadero Puerto Vita de Holguín.

Tras la aprobación de la Ley Helms-Burton, y pensando que entraría en vigor en su totalidad, los Sánchez Hill y su asesor legal, Nicolás Gutiérrez, negociaron con Meliá una posible indemnización.

Según recuerda Gutiérrez, hubo cuatro reuniones entre 2000 y 2002, dos de ellas en Miami y otras dos en Washington, una de estas últimas en el departamento de Estado. A Meliá le representó Jaime Puig de la Bellacasa, vicepresidente de la compañía fallecido en 2013. Según recuerda Gutiérrez, ambas partes estuvieron muy cerca de un acuerdo de indemnización por cinco millones de dólares (4,5 millones de euros).

"El problema es que la otra parte se dio cuenta de que el Gobierno americano no tenía intención de aplicar la ley en su totalidad de forma inminente y pasaron de ofrecer cinco millones a ofrecer poco más de 3.000 dólares, una verdadera afrenta", dijo Gutiérrez. "Eso ha cambiado ahora, porque a Trump le importa un bledo lo que piense la Unión Europea".

Los Sánchez Hill, con la ayuda de Gutiérrez, también han preparado una demanda contra Meliá en España, que tras el fracaso de un acto de conciliación, presentará la semana entrante en un juzgado de Palma de Mallorca por usufructo ilícito con propiedad robada en el extranjero.

Preguntada el jueves por ABC, una portavoz de Meliá declinó valorar la demanda por falta de información sobre ella. Previamente, en un comunicado, la empresa dijo que su papel sería en todo caso "el de meros gestores hoteleros, con un rol equivalente al del resto de actores de la cadena de valor del negocio turístico: agentes de viajes, tour operadores, líneas aéreas, etc, vinculados a la explotación turística en Cuba".

De momento, cuando por decisión de Trump entre en vigor la totalidad de la Helms-Burton, el departamento de Estado norteamericano podrá impedir la entrada en EEUU de los empresarios que operen con propiedades confiscadas en Cuba y sus cónyuges e hijos menores.

Meliá opera dos hoteles en EEUU, uno en Nueva York y otro en Orlando, que además podrían estar sujetos a expropiación para pagar indemnizaciones, si así lo falla el juez que decida sobre las demandas que se van a presentar.