La oposición insiste en que la solución a la crisis en Venezuela está en el revocatorio, no en el diálogo
Diario de Cuba - Agencias
7 de junio de 2016

La oposición venezolana insistió el lunes en que la solución a la crisis política, social y económica que atraviesa el país se asienta en el referendo que intenta activar para revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro, y no en el diálogo que promueve el Gobierno, reportó EFE.

La semana se inició con el recordatorio al Poder Electoral por parte de los miembros de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de que ya se cumplieron los plazos para que anuncie la fecha en que los firmantes del revocatorio podrán acudir a validar sus rúbricas.

Al anunciar el inicio de este paso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) admitiría finalmente que la MUD consiguió el 1 % o más de las rúbricas de los que están inscritos en el Registro Electoral (RE) para activar el referendo que acortaría el mandato de Maduro.

Este anuncio es esperado por la oposición cuando ya ha pasado más de un mes desde que fueron entregadas 1,8 millones de firmas ante el CNE para que fueran sometidas a todo tipo de análisis.

"Quiten de una vez los obstáculos que están interfiriendo la realización del referendo revocatorio", dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.

Las declaraciones de Torrealba se produjeron en el marco de una actividad convocada por la MUD en la que grupos opositores se concentraron en distintos puntos de Venezuela para insistir en que el CNE anuncie la fecha de la validación de las firmas.

La presión al Poder Electoral por parte de la oposición continúa este martes con una movilización a la que convocó el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles, una marcha que aspira a llegar a la sede del CNE, una meta que se ha puesto en otras oportunidades recientes y no ha podido alcanzar.

"Si las señoras no quieren que vayamos al CNE (...) digan la fecha de validación porque la movilización es para eso", dijo.

Capriles aseguró que el CNE ya tiene listo un informe en el que consta que la oposición cuenta con siete veces más el número de firmas para cumplir con el 1 % exigido, por lo que exige que se diga de una vez cuándo se pasará a la siguiente etapa.

En este sentido, el también gobernador de Miranda dijo que si el CNE no hace este anuncio la oposición no accederá a participar en el diálogo promovido por el Gobierno con el apoyo de una comisión de mediadores internacionales encabezada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

"Ya lo hemos dicho, si no hay fecha de validación, no habrá presencia ahí con los mediadores", dijo Capriles aunque señaló que hay que presentarse en esas conversaciones que se están promoviendo en República Dominicana para que no se diga que no hay diálogo por culpa de la parte contraria al chavismo.

Insistió en que una cosa es sentarse en esas conversaciones con los mediadores y otra es llegar a acuerdos pues esos acuerdos dependen del anuncio de la fecha de la activación del revocatorio.

"Que el mundo sepa además que si aquí no se da un acuerdo, no es por nosotros sino por el Gobierno", señaló y reiteró: "Le dije a Zapatero (...) nosotros no vamos a sentarnos en una mesa para que el Gobierno compre tiempo para que se lave la cara internacionalmente y que el revocatorio lo sigan obstaculizando".

Mientras, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, que se encuentra en Caracas, dijo que Venezuela está en "una encrucijada que puede llevarla a la profundidad más grave de una crisis en materia de derechos humanos".

Dijo que el país enfrenta "graves violaciones a los derechos básicos a las personas a acceder a alimentos, medicinas, educación, trabajo" y que además hay limitaciones "en la información, en la libertad de expresión, en el ejercicio de derechos civiles y políticos".

En este escenario, este lunes se informó de la muerte de una mujer de 42 años tras recibir disparos de perdigones en la cabeza, por parte de la Policía, cuando intentaba, junto a un grupo de vecinos en la occidental ciudad de San Cristóbal (Táchira), asaltar un almacén en el que supuestamente había alimentos acaparados.

La víctima, Jenny Ortiz, recibió el disparo "a quemarropa" dijo a EFE su esposo, Larry Mogollón, que denunció que en la región hay una mafia que acapara comida mientras el país sufre una severa crisis de escasez de alimentos.

HRW pide a la comunidad internacional ejercer presión para que Caracas revoque el estado de excepción

Por otra parte, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió el lunes a la comunidad internacional que ejerza presión para que el Gobierno venezolano revoque el estado de excepción y emergencia económica que concede al Gobierno "facultades para restringir derechos" y "limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional", reportó Europa Press.

En un comunicado recogido por 125 organizaciones de Derechos Humanos, HRW explica que los firmantes creen que estos poderes podrían usarse para "perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos".

Asimismo, tildan estas medidas de "incompatibles con la obligación internacional de Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos".

En este sentido, afirman que este decreto "no cumple con las normas internacionales que permiten la restricción de derechos en situaciones de estado de emergencia", ya que se excede de la limitación temporal que se puede aplicar a este tipo de medidas.

Las organizaciones instan a la comunidad internacional a plantear estas consideraciones durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebra este mismo mes, y a los Gobiernos latinoamericanos, en concreto, a realizar una evaluación "seria" de la situación en Venezuela ante órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"La sesión de junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un momento oportuno y necesario para exigir a Venezuela que revoque este decreto arbitrario e innecesario", afirman.

En su comunicado, HRW recoge las críticas de las organizaciones firmantes en relación a la suspensión de los convenios de cooperación internacional que prevean financiación procedente del extranjero cuando se presuponga que su uso tiene "fines políticos" o "desestabilización" del país.

"En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría, en la práctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su labor", critican.

El pasado 13 de mayo, el presidente, Nicolás Maduro, aprobó la extensión del decreto de emergencia con el objetivo de "derrotar el golpe de Estado, la guerra económica" que —según sostiene— vive Venezuela, y "estabilizar socialmente al país para enfrentar todas las amenazas nacionales e internacionales", según las declaraciones recogidas por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Así, apeló que extender la emergencia económica, que había expirado días antes después de haber sido extendida durante 60 días adicionales, le permitiría "afinar la estrategia de defensa ante los constantes planes que se gestan desde la Asamblea Nacional de mayoría de derecha que buscan interrumpir el hilo constitucional y democrático de la nación".

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