'Es inaceptable que se firme un acuerdo con el Gobierno en el que el pueblo no ha tenido la oportunidad de comentar e influir', advierten.

Organizaciones internacionales de derechos humanos y activistas de la Isla han pedido en una carta a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, que antes de cerrar el acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio con La Habana el bloque escuche a la sociedad civil de cubana.

"Es inaceptable que la UE firme un acuerdo con el Gobierno cubano, en el que el pueblo cubano no ha tenido la oportunidad de comentar e influir", dicen los firmantes de la carta, entre los que se encuentran los integrantes del opositor Foro por los Derechos y Libertades (ForoDyL), Elizardo Sánchez Santacruz, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional; Iván Hernández Carrillo, líder de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, y Roberto de Jesús Guerra, director del Centro de Información Hablemos Press.

Recuerdan que cuando la UE negoció su acuerdo con los países de América Central, "los medios de comunicación, los políticos de la oposición y la sociedad civil, pudieron participar en el debate" sobre el mismo.

Los negociadores del bloque han asegurado que los derechos humanos se mantendrán en el núcleo de las relaciones de la UE con Cuba; sin embargo, "hasta el presente, el Gobierno cubano no ha aplicado o anunciado ninguna reforma de apertura en el tema de derechos civiles y políticos", señalan los firmantes del texto, recibido en la redacción de DIARIO DE CUBA.

"Resulta evidente que la intensión es, por un parte, buscar un escenario donde la economía se abra lentamente a la inversión extranjera, logrando un crecimiento económico que le permita al Partido Comunista y al Ejército retener el control económico y político y, por otra, seguir oprimiendo todas las iniciativas en favor de los derechos humanos", alertan.

Advierten que si la UE "firma un acuerdo con estándares más bajos" a los pactados con otros países, estará "socavando su legitimidad política para promover cambios positivos no solo en Cuba sino también en otras partes del mundo".

Por otra parte, piden a la UE exigir que las empresas europeas que inviertan en Cuba tengan la posibilidad de contratar su propio personal y no estén obligadas a utilizar trabajadores ofrecidos por la agencia de empleo estatal. Asimismo, "que los empleados de las empresas extranjeras tengan la posibilidad de formar sindicatos independientes".

"Desde hace varios años la UE ha establecido una política de Responsabilidad Social para las Empresas. Facilitar a empresas europeas invertir en Cuba sin que exista la posibilidad de que los empleados puedan organizarse libremente en sindicatos infringe esta política", destacan los firmantes.

Por último, consideran que los Veintiocho deben exigir que La Habana "ratifique y comience a implementar" los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales firmados en la ONU en 2008. También, que cesen "de inmediato los arrestos arbitrarios, la represión y la violencia contra activistas de Derechos Humanos", y que el régimen "amnistíe a todos los presos políticos".

"La relación entre la UE y Cuba es una preocupación de sus ciudadanos, europeos y cubanos. Todos tenemos el derecho de conocer sobre el avance de las negociaciones, e influir en el proceso. Como es conocido que el Gobierno cubano no quiere escuchar a las opiniones de su propio pueblo, nosotros los firmantes de estas demandas, cubanos y europeos, nos dirigimos directamente a la UE", declaran los activistas y organizaciones, entre quienes se encuentran además Elena Larrinaga, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos; Antonio Guedes, Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, y Javier M. Corbalán, de la Fundación Hispano Cubana.

Asimismo, firman el documento Robert Hårdh, de Civil Rights Defenders; Ben Schennink, de Cuba Futuro; Branislav Tichy, de People in Peril Association; Henrik G. Ehrenberg, de KIC; Kees van Kortenhof, de la Fundación Glasnost in Cuba; Martin Lessenthin, de International Society for Human Rights; Martin Ängeby, del Swedish International Liberal Centre; Mervyn Thomas, de Christian Solidarity Worldwide - United Kingdom; Ricardo Carreras Lario, de Solidaridad Española con Cuba, y Simon Panek, de People in Need.

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