Cómo se armó el “diálogo” entre Maduro y la oposición
 Por EDGAR C. OTÁLVORA / ANALISTA
Diario Las Américas
12 de abril de 2014

El liderazgo de Henrique Capriles se mantiene alto dentro de los opositores, mientras la imagen de Leopoldo López mejoró tras su encarcelamiento

Realizar un “debate” con Nicolás Maduro fue desde mediados del mes de febrero pasado el plan público del líder opositor venezolano Henrique Capriles Radonski. Su objetivo era recolocarse como cabeza indiscutida de la oposición, en respuesta al reto lanzado por Leopoldo López y María Corina Machado, quienes el 23 de enero de 2014 lanzaron su propuesta de acciones de calle en paralelo a la MUD. El escalamiento de las protestas políticas en Venezuela y el impacto de ellas en la prensa mundial y en Gobiernos de ambos lados del Atlántico, crearon condiciones para que el Gobierno Maduro y la MUD tendieran puentes. Viejos dirigentes políticos, chavistas, opositores, exchavistas actualmente opositores y viceversa, actuaron como facilitadores iniciales en esta tentativa.

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Tras dos meses de protestas, en un país donde el Gobierno y la oposición operan con fuerte apego a las encuestas, éstas revelaban que la popularidad de Maduro está en picada y que incluso sectores chavistas lo señalan como responsable del deterioro de su forma de vida. El liderazgo de Capriles se mantiene alto dentro de los opositores, mientras la imagen de López mejoró tras su encarcelamiento. Si hoy se celebraran elecciones el chavismo perdería pero ninguno de los líderes opositores individualmente aparece como claro beneficiario en esa hipotética carrera presidencial. Las encuestas de finales de marzo revelaron igualmente un mayoritario rechazo a las protestas violentas. Con este telón de fondo el Gobierno Maduro iniciaba, además, la ejecución de un paquete de ajuste económico no declarado, con fuerte impacto en la capacidad de consumo de la población.

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La posibilidad de abrir conversaciones públicas con el gobierno fue analizada por los partidos que conforman la alianza opositora MUD desde finales del mes de febrero. En su seno fue elaborado un listado de temas bajo el título de “Propuesta de Mano tendida”. Ese documento enumeraba cinco puntos: la “libertad para Leopoldo López, Iván Simonovis y para todos los presos políticos”, “Justicia para TODAS las víctimas de la represión”, “Alto al Hambre, al racionamiento y a las colas”, entre otros aspectos. El quinto punto planteaba “diálogo verdadero, con una agenda clara, en igualdad de condiciones y con transmisión en vivo por los medios de comunicación con presencia de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que garantice, facilite o medie”. Este listado fue mostrado por la MUD como sus condiciones previas para ir a una mesa de diálogo con el gobierno. Ya con la intervención abierta de gobiernos extranjeros mediante UNASUR, dentro de la MUD se produjo el deslinde de posiciones. Un sector liderizado por los partidos Primero Justicia (el partido de Capriles) y Acción Democrática convirtió las “condiciones previas” en listado de “temas de la agenda” a discutir con el gobierno. Sólo el punto quinto prevaleció como condicionante. En tanto Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma no se sumaron a esta línea.

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La MUD aspiraba que el “diálogo” con el gobierno se realizara en un lugar “neutral”, tal como la Conferencia Episcopal. El gobierno se opuso objetando la neutralidad de la institución que reúne a los obispos de Venezuela, por lo que prevaleció el Palacio de Miraflores como sede del primer encuentro. El gobierno impuso el formato: Maduro no sería una “parte” en la mesa, lo que pudiera interpretarse como una señal de debilidad al presentarse en condiciones de igualdad con la oposición. Tanto en una reunión preparatoria previa, así como en el evento televisado el 10 de abril de 2014, Maduro se colocó presidiendo la mesa, con la oposición a su derecha y los suyos a la izquierda. La primera cita pública MUD-Gobierno arrancó en horario primetime, en cadena de radio y TV, se extendió por seis horas, sin que Capriles fuera el epicentro opositor. En total once voceros expusieron sus quejas contra el régimen. Nuevas reuniones se realizarán a partir del 22 de abril de 2014 con presencia de tres cancilleres de UNASUR y el Nuncio Apostólico.

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Durante la reunión celebrada el 8 de abril de 2014 entre Nicolás Maduro, voceros de la MUD y enviados de UNASUR, los opositores solicitaron conversar algunos minutos sin testigos extranjeros. Los nueve cancilleres abandonaron la sala situada en la planta alta de la Casa Amarilla. Según fuentes diplomáticas, la oposición manifestó su rechazo a la pretendida incorporación del canciller argentino como parte del grupo integrado por Brasil, Colombia y Ecuador, encargado del seguimiento y facilitación de las gestiones de UNASUR en Caracas. La oposición venezolana habría vetado a Héctor Timerman el canciller de Cristina Kirchner.

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“Rebelión civil” es el delito que el régimen venezolano está señalando contra sectores de la oposición. El delito fue incluido en el 2005 como una reforma al Código Penal venezolano, como parte de una armazón jurídica aprobada por el chavismo para punir opositores. Esa normativa fue activada ahora con el anunciado propósito de ilegalizar el partido político Voluntad Popular, cuyos principales dirigentes, Leopoldo López y Carlos Vecchio, están presos o con órdenes de detención luego de las protestas del 12 de febrero de 2014.

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En entrevista concedida a la BBC el pasado 4 de abril, la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró que el destituido y encarcelado alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, habría incurrido en delito de rebelión civil al “llamar a protestar en la calle para que el presidente renuncie o cese en sus funciones”. Según Ortega, existiendo en Venezuela “mecanismos democráticos para cambiar un gobierno” Ceballos quien es militante de Voluntad Popular, “incurrió” en una “actitud hostil” tipificada en el Código Penal. La interpretación de Ortega quedó plasmada en la acusación formal de la Fiscalía contra Leopoldo López: según ella el partido Voluntad Popular es “una estructura criminal”. La solicitud de ilegalización de Voluntad Popular ya fue introducida en el Tribunal Supremo por el colectivo Tupamaros, organización prochavista con vestimenta de partido político, la cual usualmente es señalada como uno de los brazos paramilitares del gobierno.

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